Una familia del reparto Bahía, en el municipio Habana del Este, lleva cinco meses con su vivienda inundada de aguas albañales y excrementos a causa de una obra ejecutada por USM Construcciones Militares para la empresa estatal CUPET, que tapó tres de los cuatro registros del alcantarillado de la calle 4ta, entre 23 y 24.
Dalma Rosell Marrero, residente en el número 3, de esa vía afectada por las inundaciones denunció en un audio enviado a CiberCuba que el problema comenzó a finales de mayo, cuando un aguacero fuerte provocó la primera inundación. «La casa se llenó de agua albañal y excremento. Estuvo dos días llena de agua», relató.
Según explica, un camión de alta presión enviado por el viceintendente municipal confirmó in situ la causa. Todo indica que los trabajadores de la obra, ubicada en calle 24 esquina 4ta, obstruyeron los registros con tierra y gravilla. «El agua en vez de seguir su curso rebota para atrás y busca por dónde salir», señala Rosell Marrero.
La construcción que originó el desastre no es para viviendas populares. Según la denunciante, el proyecto contempla ocho edificios destinados a directivos de CUPET en un «circuito priorizado» con suministro eléctrico garantizado. «Los directivos van a dormir sin mosquitos y con luz», señaló con amargura, mientras su familia cocina con carbón y usa botas de goma cada vez que el agua invade la planta baja.
Las condiciones en que vive la familia son críticas. Duermen en el piso de la planta alta de la vivienda porque la planta baja queda anegada cada cuatro o cinco días —o con mayor frecuencia si llueve—, y el agua penetra por pocetas, lavaderos, registros, uniones de losas y el portal. Perdieron una nevera, un televisor y todos los juguetes de su hijo de siete años, quien padece inmunodeficiencia, TDHA y autismo. «El niño hoy no tiene juguete porque todos los juguetes los perdió, llenos de excrementos», lamentó la madre. Además, Rosell Marrero señaló que contrajo hepatitis, sin poder determinar si fue por el contacto con las aguas contaminadas o por el ingreso hospitalario de su hijo en el pediátrico de Centro Habana en septiembre.
La familia ha recorrido todas las instancias administrativas disponibles sin obtener solución. En junio acudieron al gobierno provincial, donde les enviaron camiones de manguera estrecha, insuficientes para el problema. El 7 de julio se reunieron con la gobernadora municipal de Habana del Este y otros funcionarios. Ella se queja de que la Resolución 167 obliga a las autoridades a responder en 30 días, pero al momento de la denuncia faltaban «un día o dos para los 100 días» sin ninguna solución.
La queja fue escalada hasta la presidenta del gobierno provincial de La Habana y a María Cedeño, del Consejo de Estado. Otros vecinos de la cuadra también sufren inundaciones por la misma causa, y la Avenida 15 —la doble vía— está igualmente afectada por la obstrucción generada por la obra.
El deterioro del alcantarillado en La Habana es un problema sistémico que se ha agravado en 2026, con denuncias de aguas albañales inundando viviendas documentadas en varios municipios. Este mismo viernes, se reportó la muerte de un niño de tres años tras caer en una fosa de aguas residuales en Alamar, también en Habana del Este, lo que ilustra la gravedad de la crisis sanitaria en la zona.
CUPET fue sancionada por Estados Unidos en junio mediante la Orden Ejecutiva 14404, que acusó al régimen de usar los recursos energéticos para sostener a la élite gobernante.
El caso del reparto Bahía ilustra esa lógica con crudeza: mientras se construyen edificios con luz garantizada para los jefes de la empresa petrolera estatal, una familia con un niño enfermo duerme en el piso, con la planta baja de su vivienda rodeada de excrementos. «A los vulnerables nos tocan contenedores y a ellos les toca lo mejor. Están acabando con la cuadra», resumió Rosell Marrero.
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