La Fiscalía General de la República de Cuba solicitó penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad, más multas de hasta 25,000 pesos cubanos, para cuatro masones acusados de tráfico ilegal de divisas por operaciones que en total no superaron los 300 dólares, según documentos judiciales a los que tuvo acceso CubaNet.
Los acusados son José Ramón Viñas Alonso, ex soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33; Fernando Marcos García, contador del Asilo Nacional Masónico Llansó; Ángel Santiesteban Prats, actual soberano gran comendador; y Osvaldo Ernesto Villegas Digat.
La acusación se sustenta en dos operaciones de cambio de moneda realizadas a la tasa del mercado informal: en septiembre de 2023, Viñas Alonso autorizó a Santiesteban Prats a cambiar 49,600 pesos cubanos por 200 dólares del asilo; y en junio de 2025, autorizó a Villegas Digat a cambiar 37,500 pesos por otros 100 dólares de la institución.
Los dólares procedían de donaciones recibidas por el Asilo Nacional Masónico Llansó, institución de atención a personas mayores fundada por la masonería cubana en 1918 en Arroyo Naranjo, La Habana, que alberga a unas 90 personas.
La pena más severa recae sobre Viñas Alonso: cuatro años de limitación de libertad y multa de 25,000 CUP. Para Marcos García se piden tres años y 20,000 CUP; para Santiesteban Prats y Villegas Digat, dos años a cada uno y 20,000 CUP por persona.
El escrito fiscal incluye una caracterización de Santiesteban Prats que poco tiene que ver con un delito económico: el documento afirma que «no se dedica a ninguna actividad socialmente útil» y que «se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario que impera en Cuba».
Según lo documentado por CubaNet, llama la atención que el expediente fuera tramitado por el órgano del MININT especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, aunque el delito imputado pertenece al ámbito económico, no al de la seguridad del Estado.
El abogado defensor, Roberto Ortega Ortiz, solicita la absolución de los cuatro acusados y rechaza que las operaciones constituyan delito alguno.
«Los cambios de moneda realizados no representaron beneficio personal para ninguno de los implicados, sino que, por el contrario, se hicieron para beneficiar la vida que llevan los ancianos que habitan en el Asilo Nacional Masónico Llansó, el cual representa una obra de caridad por parte de la masonería», argumentó el letrado en su escrito del 9 de octubre.
Según la defensa, los 200 dólares se destinaron a comprar leche en polvo para los residentes, mientras que los 100 dólares restantes correspondían a dinero personal de Villegas Digat, quien los cambió para que la institución dispusiera de pesos para emergencias y para adquirir un medicamento para su hijo.
El caso se enmarca en una ofensiva del régimen contra la masonería cubana que se intensificó desde 2024, con la intervención del Ministerio de Justicia en los órganos de gobierno del Supremo Consejo del Grado 33, el congelamiento de sus cuentas bancarias y la apertura de procesos penales contra sus líderes.
Paradójicamente, Santiesteban Prats fue elegido nuevo soberano gran comendador el 26 de septiembre, con 19 votos a favor y uno en contra, mientras ya cumplía reclusión domiciliaria y enfrentaba cargos penales.
El auto de apertura del juicio oral, firmado el 24 de agosto por la jueza Zamira Marrero Morgado, mantiene para los cuatro acusados esa medida cautelar y la prohibición de salida del país.
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