Los tribunales provinciales populares de Pinar del Río, Sancti Spíritus y Holguín juzgaron y sancionaron a 11 acusados por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) entre el 15 y el 26 de septiembre de 2026, según un reporte difundido por el Ministerio del Interior (MININT) a través del estatal Canal Caribe.
Los delitos incluyeron la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores y el robo de tornillos, arandelas y tuercas destinados al montaje de paneles solares.
Según el MININT, «en la mayoría de los casos, quienes actuaron tenían acceso legítimo a las instalaciones por su trabajo, dígase operadores de parques fotovoltaicos, almaceneros y responsables de distribución de medios que aprovecharon esa posición para tomar los recursos de forma paulatina, ocultarlos, trasladarlos y venderlos».
El caso de mayor impacto fue el juzgado en Moa, Holguín, donde siete acusados sustrajeron 1,248 litros de aceite dieléctrico de la subestación Moa Nueva en dos operaciones nocturnas realizadas durante la madrugada del 12 al 13 de marzo de 2026.
Cuatro jóvenes del barrio Punta Gorda participaron en la extracción del aceite, mientras que tres ciudadanos de Sancti Spíritus que estaban de paso facilitaron el transporte y compraron parte del producto.
El traslado se realizó en un camión estatal; al día siguiente, el propietario del vehículo pagó 960,000 pesos cubanos al cabecilla, dinero que fue repartido entre los cuatro autores materiales.
La extracción del aceite provocó un cortocircuito en la fase B del transformador y su posterior explosión estructural, dejándolo fuera de servicio de manera definitiva y cortando el suministro eléctrico a 6,184 viviendas, además de afectar la alimentación secundaria del hospital territorial de Moa.
Los daños económicos para la Empresa Eléctrica de Moa ascendieron a 138,054.49 pesos cubanos.
El tribunal impuso penas de entre 12 y 15 años de privación de libertad a los siete implicados en el caso de Moa, y ordenó la confiscación de un transporte, dinero y otros medios.
En Pinar del Río, Yoelvys Álvarez Gavilán fue condenado a 12 años de prisión por robar tornillos y accesorios del parque fotovoltaico La Barbarita, en Consolación del Sur.
En Holguín, el 15 de septiembre, un joven de 19 años recibió ocho años de prisión por sabotaje continuado en la subestación de El Zarzal, en el municipio Urbano Noris, mientras que su tío, de 33 años, fue condenado a 10 años; ese robo dejó sin electricidad a más de 4,000 clientes durante más de 24 horas.
Estos juicios se enmarcan en una ofensiva judicial sostenida del régimen cubano. Según las autoridades, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el sistema eléctrico, más de 300 de ellas relacionadas con el robo de aceite dieléctrico, registrado en las 15 provincias y 97 municipios del país.
El régimen endureció las penas por sabotaje eléctrico mediante el Dictamen 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, que orientó a los tribunales a calificar estos hechos bajo el artículo 125 del Código Penal, con penas que van de siete a 30 años, cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos agravados.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció ante la Asamblea Nacional en julio de 2026 que el robo de aceite dieléctrico ocurre «a diario» y que el volumen sustraído es «casi similar» al que Cuba produce en el mismo período.
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