Vídeos relacionados:
El régimen cubano ha reforzado su política punitiva contra acciones que afecten el sistema eléctrico nacional, con sanciones que pueden llegar hasta 30 años de prisión, cadena perpetua e incluso la pena de muerte, según un texto publicado en el diario Granma por el Tribunal Supremo Popular.
La publicación insiste en que el país enfrenta un escenario complejo marcado por el “recrudecimiento del ilegal bloqueo económico, financiero y energético impuesto por Estados Unidos”, y sostiene que, en ese contexto, el Estado impulsa “ingentes esfuerzos para garantizar la generación eléctrica”, un servicio que califica como “necesario y sensible” y “clave para el bienestar ciudadano”.
Sin embargo, el propio comunicado reconoce la existencia de acciones que afectan directamente la ya deteriorada infraestructura energética del país.
Según el texto, “personas inescrupulosas sustraen componentes, piezas, medios, recursos, combustibles y aceite dieléctrico” de instalaciones como parques fotovoltaicos, paneles solares y grupos electrógenos, lo que —afirma— “afecta al Sistema Electroenergético Nacional y pone en peligro el avance de la estrategia” oficial.
Ante este escenario, las autoridades recalcan que estos hechos serán procesados como delito de sabotaje, una figura recogida en el artículo 125 del Código Penal vigente desde 2022.
Dicha norma establece penas de entre siete y quince años de privación de libertad para quienes dañen o interfieran en infraestructuras destinadas a la generación y transmisión de energía, pero las sanciones se endurecen considerablemente en determinados supuestos.
El texto advierte que, si se producen consecuencias graves o se emplean medios peligrosos, “la sanción prevista discurre de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte”.
El Tribunal Supremo Popular respalda esta interpretación a través del dictamen 475, de mayo de 2025, que reafirma que cualquier afectación a infraestructuras críticas —incluido el sistema eléctrico— debe considerarse sabotaje.
Según el documento, este delito protege “el normal uso o funcionamiento de bienes públicos, la seguridad y estabilidad del Estado y sus instituciones”.
Además, el Código Penal contempla agravantes que pueden influir en la severidad de las condenas, como actuar en grupo, el uso de medios que generen peligro común o la motivación económica.
También se establece que los sancionados deberán cumplir al menos dos tercios de la pena antes de optar por beneficios como la libertad condicional.
El comunicado oficial insiste en que los tribunales han actuado “con el rigor y la racionalidad que dichas conductas exigen”, y ofrece como evidencia los resultados recientes de los procesos judiciales.
Según las cifras divulgadas, “en el periodo enero-diciembre de 2025 y el primer trimestre de 2026”, el 100% de las personas juzgadas por delitos contra la seguridad del Estado vinculados a estos hechos recibió condenas superiores a los diez años de prisión, acompañadas de sanciones accesorias como confiscación de bienes y restricciones de movimiento.
Este endurecimiento penal ocurre en medio de una profunda crisis energética en la isla, caracterizada por apagones prolongados, escasez de combustible y un sistema eléctrico con frecuentes fallas estructurales.
Aunque el Gobierno atribuye la situación al embargo estadounidense y a actos de sabotaje, expertos y ciudadanos han señalado durante años problemas internos como la falta de inversión, el deterioro de las plantas termoeléctricas y la ineficiencia en la gestión del sector.
En este contexto, la respuesta oficial apuesta por el castigo severo a quienes dañen infraestructuras, en un momento en que la precariedad energética sigue marcando la vida cotidiana de millones de cubanos.
El régimen enmarca toda esta ofensiva judicial en la crisis eléctrica que atraviesa Cuba, con déficits de generación que superaron los 2,000 MW en múltiples jornadas de 2025 y rondaban los 1,900 MW en marzo de 2026, y atribuye parte del problema a los robos en infraestructuras energéticas.
Sin embargo, las causas estructurales de la crisis —la obsolescencia de las centrales termoeléctricas y la falta crónica de combustible, producto de 67 años de dictadura— quedan fuera del relato oficial, que prefiere señalar al embargo estadounidense y a supuestos saboteadores como responsables del colapso energético que padece el pueblo cubano.
Archivado en: