La ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo, admitió públicamente que las empresas privadas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) han tenido que suplir las carencias del Estado en el curso escolar 2026-2027, que arrancó el 1 de septiembre con cerca de 1,5 millones de estudiantes en medio de una crisis energética y económica sin precedentes.
«En las condiciones en las que estamos, hemos tenido respuestas importantes con la participación del sector no estatal», declaró Trujillo a EFE, aludiendo a donaciones de alimentos, calzado y ropa como los aportes más visibles del empresariado privado al sistema educativo.
La titular del Ministerio de Educación (MINED) describió el inicio del período lectivo como «difícil», reconociendo que los problemas de cocción, logística y transporte han marcado las primeras semanas de clases.
En materia de transporte —uno de los sectores más golpeados por la escasez de combustible—, Trujillo señaló que empresas privadas han incorporado recorridos para estudiantes y profesores que, «por la distancia y las particularidades familiares, no logran cubrir los costos» de desplazamiento.
Las mipymes también han intervenido en los hogares de niños sin cuidado parental, suministrando alternativas energéticas frente a los apagones de más de 20 horas diarias que afectan a amplias zonas del país, además de contribuir a recuperar infraestructuras escolares en estado de deterioro.
Este reconocimiento contrasta con el discurso oficial de agosto, cuando el Partido Comunista calificó el inicio del curso de «acto de heroísmo» y la propia ministra prometió que el 1 de septiembre sería «una gran fiesta».
La realidad documentada fue otra: el curso comenzó con solo el 73% de las plazas docentes cubiertas, un déficit equivalente a unos 24.000 maestros, y apagones que el día de inicio afectaron hasta al 70% del territorio nacional.
A mediados de octubre, la cobertura docente subió al 86% gracias a la reincorporación de jubilados, universitarios en formación y profesionales de otros sectores, aunque el déficit persistía en el 14% de las plazas.
La propia ministra admitió que los salarios son parte del problema estructural: «Ciertamente los ingresos son temas importantes porque a veces es verdad que tenemos movilidad porque los salarios no logran satisfacer las necesidades que tienen nuestros profesionales».
El salario promedio del sector educativo ronda los 5.824 pesos cubanos mensuales, equivalente a unos siete dólares al cambio informal, lo que empuja a los maestros hacia el sector privado o la emigración.
Otra novedad de este ciclo lectivo es la legalización de los docentes particulares mediante la Resolución 30/2026 del MINED, publicada el 2 de septiembre y vigente desde el 9 de ese mes, que derogó la prohibición que regía desde 2022 e impide a los maestros activos ofrecer clases de repaso a través del sector no estatal.
Unos 11.000 alumnos siguen sin asistir con normalidad a los centros escolares, recibiendo clases virtuales o de forma esporádica, aunque la cifra supone una mejora frente a los 33.000 que estaban en esa situación al cierre del curso anterior.
La UNESCO advirtió en mayo de 2026 que la educación cubana está «en riesgo», con más de 2.000 escuelas que requieren apoyo urgente y más de 400.000 estudiantes con jornadas reducidas, un panorama que el reconocimiento público de la ministra confirma: el Estado cubano ya no puede gestionar solo la crisis educativa.
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