Un mes y medio después de que la ministra de Educación Naima Trujillo prometiera que el inicio del curso sería «una gran fiesta en Cuba», la propia funcionaria reconoció que unos 11,000 alumnos reciben clases virtuales o asisten de forma esporádica a los centros escolares, y que la mitad del grupo prioritario de estudiantes sigue sin uniforme.
Las declaraciones, recogidas por la agencia EFE, confirman el deterioro de un sistema educativo que el régimen insiste en presentar como prioritario mientras exige presencialidad plena pese a los apagones, la escasez de combustible y un déficit docente que todavía afecta al 14 % de las plazas.
La cifra de 11,000 alumnos sin asistencia regular supone una reducción frente a los 33,000 que no podían sostener una asistencia habitual al cierre del curso anterior, pero no elimina el problema: miles de niños y adolescentes dependen de modalidades alternativas en un país donde las fallas eléctricas y el desabastecimiento condicionan desde el transporte hasta la preparación de alimentos en las escuelas.
En materia de cobertura docente, el Ministerio de Educación partió el 1 de septiembre con apenas el 73 % de las plazas cubiertas, y logró subir ese indicador al 86 % recurriendo a jubilados reincorporados, universitarios en formación y profesionales de otros sectores.
También se aprobó una compensación salarial a docentes que asuman grupos adicionales, algo que para la ministra es una medida no deseada. «Quisiéramos tener los maestros que corresponden en cada aula», dijo.
Las provincias con mayores dificultades son La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus y Camagüey. Esta última inició el curso escolar con casi 3 mil profesores faltantes para atender a más de 95,000 estudiantes en 690 escuelas.
El motor del éxodo docente es salarial. El sector educativo registra salarios de 5,824 pesos cubanos mensuales, equivalentes apenas a unos siete dólares en el mercado informal.
Trujillo lo reconoció sin rodeos: «Ciertamente los ingresos son temas importantes porque a veces es verdad que tenemos movilidad porque los salarios no logran satisfacer las necesidades que tienen nuestros profesionales».
La crisis energética golpea directamente a los centros escolares. La escasez de gas licuado obligó a algunas instituciones a cocinar con leña o carbón, y la falta de combustible afecta el transporte de alumnos y trabajadores. «Ha sido un inicio difícil que impacta en las capacidades de cocción, de aseguramiento, de logística, del transporte», señaló la dirigente.
En cuanto a los uniformes, el curso arrancó con apenas el 12 % de cobertura para el grupo prioritario, por problemas operativos en la industria textil. Para mediados de octubre esa proporción subió solo al 49 %.
Ante esa realidad, las autoridades flexibilizaron la exigencia con usar la vestimenta reglamentaria y permiten a los alumnos asistir a la escuela con otra ropa. «Cuando no sea con el uniforme, a la escuela se va a aprender», afirmó la ministra.
Trujillo atribuyó parte de las dificultades a las sanciones estadounidenses, aunque los problemas estructurales de la economía cubana —la inflación, la escasez y la pérdida de poder adquisitivo— responden ante todo a décadas de gestión centralizada y a las políticas internas del régimen, no al embargo.
El contraste con el discurso oficial de agosto es llamativo: la misma ministra prometió entonces que el 1 de septiembre sería «una gran fiesta», mientras el Partido Comunista calificaba el inicio del curso de «acto de heroísmo» y Díaz-Canel negaba el colapso del sistema.
La UNESCO advirtió en mayo que la educación cubana está «en riesgo» por la crisis energética, con más de 2,000 escuelas que requieren apoyo urgente y más de 400,000 estudiantes con jornadas reducidas.
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