Una jueza federal de California ordenó limitar determinados operativos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en nueve estados, al considerar que las investigaciones sobre presuntos votantes sin ciudadanía estadounidense se apoyan en datos poco fiables y podrían intimidar a ciudadanos que participan en actividades electorales.
La decisión fue adoptada el miércoles por Araceli Martínez-Olguín, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, según informó la radio pública estadounidense NPR el jueves.
La resolución llega a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
En las últimas semanas, agentes armados de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han realizado operaciones de campo y visitas a domicilios para interrogar a personas sospechosas de registrarse o votar ilegalmente sin poseer la ciudadanía estadounidense.
Las investigaciones también pueden alcanzar a personas que actualmente son ciudadanos naturalizados, pero sobre quienes existen sospechas de haber participado en elecciones antes de obtener la nacionalidad.
La jueza concluyó, de manera preliminar, que las actuaciones federales probablemente vulneran disposiciones de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) que prohíben la intimidación, las amenazas y la coacción relacionadas con la participación electoral.
La resolución judicial, de 19 páginas, cuestiona especialmente la calidad de los registros utilizados por las autoridades para identificar a personas que supuestamente no tienen derecho a votar.
Según NPR, Martínez-Olguín señaló que la iniciativa utiliza datos defectuosos y que las detenciones difundidas públicamente pueden generar temor entre ciudadanos estadounidenses que participan en campañas de movilización electoral o ayudan a otras personas a ejercer su derecho al voto.
La orden afecta a California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
En esos estados, la jueza prohibió determinadas operaciones de campo e interrogatorios relacionados con las elecciones cuando los agentes sepan, sospechen o deban razonablemente sospechar que las personas involucradas son ciudadanos estadounidenses.
También restringió las actuaciones fundamentadas exclusivamente en datos obtenidos mediante los procedimientos de cotejo de registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), sin investigaciones adicionales que permitan comprobar su fiabilidad.
Esto no constituye una prohibición general de investigar posibles delitos electorales. Las autoridades federales conservan sus competencias legales para investigar casos de registro o votación ilegal, siempre que sus actuaciones respeten las limitaciones judiciales aplicables.
La jueza dejó temporalmente en suspenso la aplicación de su decisión hasta las 5:00 p.m. del viernes 23 de octubre, hora del Pacífico, con el propósito de permitir que el Gobierno federal solicite su revisión ante una instancia superior.
Uno de los elementos centrales del caso es la forma en que el Gobierno estadounidense ha elaborado las listas de personas sospechosas de registrarse para votar sin ser ciudadanos.
La jueza citó información divulgada en septiembre por un denunciante vinculado a USCIS, quien alertó sobre procedimientos acelerados de comparación de bases de datos que podían incluir erróneamente a ciudadanos estadounidenses entre los presuntos infractores.
La investigación judicial también examinó publicaciones de HSI en redes sociales, incluida una en la que agentes aparecían esposando a un hombre en California acusado de registrarse ilegalmente para votar.
Para Martínez-Olguín, la combinación de registros incompletos, posibles errores de identificación y detenciones ampliamente difundidas puede provocar que ciudadanos eviten participar en actividades electorales por temor a verse involucrados en investigaciones policiales.
La magistrada consideró que esas circunstancias generan un temor objetivamente razonable a sufrir intervenciones de las fuerzas del orden, capaz de desalentar a quienes promueven o ayudan a otras personas a ejercer su derecho al voto.
Por su parte, Nicolas Bartell, funcionario de USCIS, declaró ante el tribunal que los registros son revisados manualmente antes de remitir posibles casos a los investigadores de HSI.
Bartell reconoció una posibilidad reducida de que ciudadanos estadounidenses sean identificados erróneamente como extranjeros en los registros federales, pero sostuvo que existen controles destinados a disminuir ese riesgo.
Según su declaración, cualquier riesgo residual debía valorarse frente a las responsabilidades del Gobierno de investigar posibles infracciones electorales.
El DHS defendió públicamente sus actuaciones y aseguró que su objetivo es identificar, procesar y expulsar a extranjeros que hayan votado ilegalmente, además de proteger los sufragios de los ciudadanos estadounidenses.
La agencia también afirmó que no tiene previsto interrogar ni investigar a personas que considere ciudadanos estadounidenses.
La demanda que dio origen a la resolución fue presentada en septiembre por una coalición integrada, entre otras organizaciones, por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United y Voto Latino Foundation, además de autoridades locales de San Francisco y del condado de Santa Clara.
Los demandantes denunciaron que las operaciones federales estaban generando temor entre ciudadanos y organizaciones dedicadas a fomentar la participación electoral.
De acuerdo con documentos presentados ante el tribunal, algunos miembros de los sindicatos demandantes que obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante naturalización manifestaron que habían dejado de sentirse seguros para asistir a actos políticos, trabajar como voluntarios electorales o acudir personalmente a votar.
La organización jurídica Protect Democracy, que participa en la representación de los demandantes, celebró la decisión al considerar que protege el derecho de los ciudadanos estadounidenses, tanto nacidos en el país como naturalizados, a participar en las elecciones sin intimidación.
El abogado Beau Tremitiere, de esa organización, sostuvo que el DHS había construido sus listas con información incorrecta y enviado agentes a viviendas sin comprobar adecuadamente la fiabilidad de los registros.
El caso también coincide con otras actuaciones del Gobierno federal relacionadas con la elegibilidad electoral.
Según NPR, el Departamento de Justicia ha exigido a California que separe 20,000 papeletas correspondientes a personas que las autoridades federales consideran probablemente no ciudadanas.
Sin embargo, una revisión preliminar realizada por funcionarios electorales del condado de Los Ángeles encontró que numerosos registros de esa lista estaban cancelados, inactivos o no tenían historial de votación. Algunos correspondían incluso a personas que habían declarado haber nacido en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia también anunció el lunes 19 de octubre cargos contra 28 titulares de residencia permanente en California, acusados de registrarse o votar ilegalmente. Se trata de acusaciones que deberán resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
La legislación estadounidense reserva la participación en las elecciones federales a los ciudadanos del país, mientras que diversas auditorías estatales han señalado que los casos comprobados de votación por parte de personas sin ciudadanía son poco frecuentes.
La orden judicial se produce en un momento de intensa movilización electoral en Estados Unidos, donde millones de personas ya han comenzado a emitir sus votos antes de la jornada del 3 de noviembre.
Este jueves, los datos disponibles situaban por encima de 18 millones el número de electores que habían votado anticipadamente en Estados Unidos, con niveles elevados de participación en estados como California, Georgia, Texas y Florida.
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