El gobierno interino de Jeanina Áñez, dijo sobre el nuevo Decreto Supremo 4078, que “no es una licencia para matar de las Fuerzas Armadas”, en medio de la crisis política y social que vive Bolivia.
“De manera distorsionada se dice que es una licencia para matar. Este decreto tiene una base legal en la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, dijo Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, según reportó El Deber.
Dicho Decreto fue recientemente promulgado y exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas de Bolivia durante los procedimientos que realiza con la policía en el marco de las manifestaciones.
“Personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad (…)", afirma el documento.
También sostiene que “las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D. S. 27977 de fecha 14 de enero del 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionalmente a los riesgos operativos".
De acuerdo con las declaraciones de Justiniano, el Decreto se basa en el Código Penal, que señala que “si uno se defiende en defensa propia no tiene pena, precisamente eso ratifica lo que ya está establecido”.
“Es un decreto disuasivo porque se trata de evitar la confrontación y más muertes. Lo que se busca es restablecer la paz social en Bolivia”, sostuvo.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó dicho Decreto, ya que “exime de responsabilidad penal” a los militares que participan en los operativos.
“El grave decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta… y contraviene la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”, apuntó la CIDH en Twitter.
A estas declaraciones de la CIDH Justiniano respondió que no cree que el organismo se haya pronunciado de manera específica sobre el Decreto Supremo 4078, porque hace más de 20 meses se le consultó si la repostulación de Evo Morales a las Elecciones Generales era un derecho humano y aún no se ha recibido respuesta.
“Nosotros lo que queremos con este decreto es contribuir a la paz social, garantizar que se establezca un orden social”, agregó.
Desde que se desatara la crisis política en el país sudamericano, se han reportado nueve muertos a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Bolivia, según confirmó a CNN el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox.
De acuerdo con Cox, han habido al menos 135 heridos y el “80% con heridas de bala y balines”.
Asimismo, más de 120 personas fueron detenidas en las protestas.
La crisis se generó luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia bajo presión ciudadana, a la que se sumaron la policía y el ejército bolivianos el domingo pasado, luego de que pruebas de fraude electoral confirmaran su victoria en los comicios del 20 de octubre.
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