Una empleada hispana de la Policía de Miami-Dade se declaró culpable este viernes de estafar fondos federales destinados al enfrentamiento del COVID-19, usando documentación falsa y fraude electrónico.
Elisa Rivera, de 50 años y funcionaria administrativa del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), fue parte de un plan para presentar solicitudes fraudulentas a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) para subvenciones de anticipos y préstamos de ayuda por el COVID-19 a bajo interés, según un comunicado oficial.
La sentencia de Rivera está fijada para el próximo 3 de mayo, a las 2 pm, ante el juez federal Donald L. Graham, y podría enfrentar una sentencia máxima de cinco años de prisión.
A pesar de que durante la pandemia Rivera no sufrió pérdidas salariales, conspiró con otra persona -no identificada en el reporte- para registrar una solicitud federal, declarando que era la propietaria del 100 por ciento de un negocio que operaba bajo su propio nombre. La solicitud fue registrada el 3 de julio de 2020.
“Dicha solicitud certificaba de forma falsa y fraudulenta que el negocio denominado Elisa Rivera se había establecido el 1 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, y que durante el período de 12 meses anterior al 31 de enero de 2020, dicho negocio tenía unos ingresos brutos de 325,446 dólares y 12 empleados”, indicó la fiscalía federal del Sur de Florida.
Pero todo era falso. Rivera nunca había establecido un negocio, no había recibido ganancias por las supuestas operaciones comerciales ni tuvo empleados asociados.
La acusada presentó solicitudes similares a nombre de otras personas que tampoco eran propietarias de pequeñas empresas y no cumplían los requisitos para obtener la ayuda federal. Como resultado de sus operaciones ilegales, cada uno de los involucrados recibiría $10,000 dólares, aunque no en calidad de préstamo adicional.
A cambio de participar en estas estafas, Rivera cobró a cada solicitante una comisión de 1,000 dólares, de acuerdo con documentos judiciales.
Recientemente, otro empleado de la ciudad de Miami Beach fue acusado de un cargo de mala conducta oficial y otro de robo, por usar recursos públicos y a empleados de la ciudad en la construcción de su vivienda.
Cadel Aldana, un cubano residente en Hialeah y supervisor de Miami Beach, fue puesto a disposición de las autoridades luego de que él mismo se entregara a la policía.
En enero de 2022, otros dos cubanos fueron acusados de estafar y robar en la pescadería de Cayo Hueso donde laboraban. Marianela Armenteros y Yamir González-Betancourt se apropiaron de 2.5 millones de dólares, mientras se desempeñaban como directora general y subdirector del negocio, propiedad de la empresa Valero-Durán.
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