Acusan a supervisor de Miami Beach por uso de recursos públicos para construcción en su vivienda

El individuo hizo que un empleado bajo su supervisión construyera un gran soporte metálico para almacenamiento, que posteriormente instaló en el patio trasero de su casa en Hialeah.

Facebook/ Cadel Aldana
Cadel Aldana Foto © Facebook/ Cadel Aldana

Cadel Aldana, un cubano residente en Hialeah que trabajaba como supervisor de Miami Beach, fue acusado de un cargo de mala conducta oficial y otro de robo, por usar recursos públicos y a empleados de la ciudad en la construcción de su vivienda.

Aldana se desempeñaba como supervisor de operaciones en el Departamento de Instalaciones y Flota de la Ciudad desde 2017 y fue puesto a disposición de las autoridades luego de que él mismo se entregara a la policía, de acuerdo con un documento oficial emitido por la fiscal del estado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle; el inspector general de Miami Beach, Joseph Centorino, y el jefe de Policía de Miami Beach, Richard Clements. 

La investigación, llevada a cabo por la Oficina del Inspector General y la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Miami Beach, permitió comprobar que el individuo hizo que un empleado local construyera un gran soporte metálico para almacenamiento. 

La pieza fue fabricada por el trabajador subordinado a Aldana en las instalaciones de la ciudad y en horario laboral. Sin embargo, terminó en el patio trasero de la casa del exsupervisor en Hialeah, donde fue utilizada como sostén para kayak. 

Una orden de registro ejecutada por oficiales locales permitió descubrir e incautar la propiedad sustraída a la ciudad y formular el cargo de robo que enfrenta este ciudadano. En tanto, el cargo de mala conducta oficial se basa en que el sospechoso supuestamente provocó la elaboración de una orden de trabajo falsa, en la que se describía el artículo en cuestión como "soportes para una caja de herramientas montada en un sillín".

“Esta investigación no habría tenido éxito sin la plena cooperación de los empleados de la ciudad de Miami Beach, que proporcionaron un testimonio jurado crucial que atestigua los hechos del caso, así como la participación de la policía de Miami Beach, que trabajó conjuntamente con mi oficina para completar la investigación”, dijo Centorino al respecto.

El inspector general afirmó que este hecho “ilustra la importancia de animar a los empleados públicos a presentarse ante las autoridades para proteger a los contribuyentes de la ciudad de este tipo de mal uso de los recursos de la ciudad”. 

Según el funcionario, las entrevistas realizadas por sus subordinados y la policía de la urbe permitieron la ejecución de la orden de registro y la recuperación de lo robado por Aldana. Por su parte, la fiscal Fernández Rundle agregó que si bien estas historias de trabajadores del gobierno que utilizan recursos y personal de la ciudad para fines privados socavan la confianza de los contribuyentes, los residentes de Miami Beach deben reconocer y apreciar los esfuerzos de vigilancia de las organizaciones vinculadas al caso. 

En enero de 2021, otros dos cubanos fueron acusados de estafar y robar en la pescadería de Cayo Hueso donde laboraban. Marianela Armenteros y Yamir González-Betancourt se apropiaron de 2,5 millones de dólares, mientras se desempeñaban como directora general y subdirector del negocio, propiedad de la empresa Valero-Durán.

Armenteros puso miles de etiquetas comerciales de cangrejo de piedra y langosta a su nombre, cuando estas deben marcarse con el de los pescadores comerciales y traspasó a ella misma la licencia de un barco pesquero sin la autorización de su propietario. 

A González-Betancourt la oficina del sheriff del condado de Monroe lo acusó de una estafa relacionada con la venta de langostas a compradores de exportación. El individuo hacía que los exportadores adquirieran los crustáceos a través de él directamente y lo pagaran en efectivo. 

En octubre de 2021, cinco cubanas miembros de una misma familia en Miami timaron a la dueña del restaurante donde trabajaban por casi 20,000 dólares. Ivette Mainquist, dueña del Mason Lobster Roll, dijo que se sentía profundamente defraudada por las acciones de sus exempleadas, pues ella las ayudó para que no se quedaran sin empleo durante la pandemia.

"La verdad es que yo las trataba como familia y me dejaron muy mal, estafándome por meses. Yo confiaba en ellas y cada vez que me iba me empezaban a robar, y básicamente me dejaron sin plata", señaló la víctima.

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