La Corte Suprema de Estados Unidos detuvo el sábado, de manera provisional, la deportación de migrantes venezolanos detenidos en el norte de Texas bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII utilizada en tiempos de guerra.
En una escueta orden emitida durante la madrugada, el alto tribunal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump abstenerse de expulsar a los migrantes retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, “hasta nueva orden de esta corte”.
Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito manifestaron su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema.
La intervención respondió a un recurso de emergencia presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció intentos por parte de las autoridades migratorias de reiniciar deportaciones utilizando dicha ley.
“Estamos profundamente aliviados. Estas personas estaban en riesgo de ser enviadas a cárceles brutales sin haber tenido un proceso justo”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
En abril la Corte Suprema autorizó al gobierno estadounidense a aplicar esta antigua legislación, pero estableció que los afectados debían ser informados y contar con un tiempo razonable para apelar ante un tribunal. Los abogados de los migrantes detenidos alegan que el gobierno no cumplió con esas garantías mínimas.
La ACLU había solicitado previamente a tribunales locales frenar las deportaciones, sin éxito. Jueces federales en Texas se negaron a intervenir el viernes, y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito también rechazó emitir una orden de protección para los migrantes detenidos en Bluebonnet.
El gobierno, por su parte, ha negado que existieran vuelos de deportación programados, aunque mantiene la facultad de ejecutar expulsiones.
La Ley de Enemigos Extranjeros se aprobó en 1798 y solo ha sido invocada tres veces en la historia de EE.UU.. Su uso más reciente data de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue empleada para internar a ciudadanos japoneses-estadounidenses.
En este caso, el equipo de Trump la ha usado para justificar la deportación de más de 200 venezolanos, acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, sin que exista una condena judicial.
Abogados de inmigración han denunciado que a algunos detenidos se les ha hecho firmar documentos en inglés que no comprenden, y que han recibido notificaciones en las que se les vincula con el crimen organizado sin evidencia suficiente.
Además, indicaron que el traslado de venezolanos a Bluebonnet fue un intento deliberado del gobierno de eludir fallos judiciales que ya bloqueaban las deportaciones en otras jurisdicciones.
América Noticias citó declaraciones del juez Samuel Alito en las que criticó duramente la decisión de la Corte Suprema, calificándola de “sin precedentes” y emitida “literalmente en medio de la noche”, sin que el gobierno tuviera oportunidad de responder. A su juicio, la intervención fue prematura y con escaso respaldo fáctico.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios, mientras la ACLU continúa su ofensiva legal para frenar el uso de una ley que, en su criterio, amenaza con criminalizar la migración bajo pretextos infundados.
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