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El Parlamento cubano se prepara para debatir en julio un anteproyecto de Ley del Registro Civil que podría permitir, por primera vez, que cualquier persona modifique el sexo en sus documentos de identidad en función de su autopercepción de género, sin necesidad de cirugía de reasignación ni intervención judicial.
El cambio, presentado como un avance por autoridades y activistas afines al oficialismo, llega en medio de una fuerte crisis económica, con el sistema de salud incapacitado para garantizar operaciones de reasignación de género que ya estaban permitidas por el Estado cubano.
La propuesta fue detallada en un artículo publicado por Cubadebate. El anteproyecto ha sido revisado por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), encabezado por Mariela Castro, quien se quejó de que aún no es lo suficientemente avanzado porque contempla las designaciones de femenino y de masculino, sin incluir a los grupos no binarios.
Una marcha oficialista con reclamos pendientes
El anuncio coincide con la celebración de la llamada “conga contra la homofobia” que tuvo lugar el sábado en El Vedado. La movilización fue autorizada y encabezada por el oficialismo. Cientos de personas portaron pancartas con consignas como “Socialismo sí, transfobia no”.
“Como persona trans estoy abogando porque haya también una ley de identidad de género”, declaró Yoilán Balón a The Associated Press. El reclamo evidencia las carencias de fondo, porque Cuba sigue sin una legislación integral en este tema.
Reformas legales en un país sin garantías
Actualmente, en Cuba solo es posible modificar el sexo registral tras una cirugía de reasignación genital, un procedimiento paralizado en la práctica por la falta de recursos del sistema de salud.
La ley propuesta eliminaría ese requisito, pero mantendría el binarismo (masculino/femenino), dejando fuera a las personas no binarias, cuya existencia legal seguiría sin reconocimiento.
La reforma se presenta como parte de un paquete legislativo más amplio aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, que incluye también una ley para la niñez, una norma sobre el sistema deportivo cubano y una nueva Ley de Contravenciones Administrativas.
Todos estos anteproyectos, según el discurso oficial, buscan modernizar el sistema legal y adecuarlo a la Constitución de 2019. Sin embargo, su implementación efectiva en un país con graves carencias materiales y estructuras burocráticas arcaicas plantea más interrogantes que certezas.
¿Modernización o control simbólico?
La informatización del Registro Civil, otro de los elementos que se pretende impulsar con esta ley, parece poco realista si se considera la precariedad tecnológica de muchas provincias del país. Además, la inclusión de un régimen disciplinario específico para los registradores abre la puerta a mayores mecanismos de control desde el Estado.
Por otro lado, la llamada “modernización” del sistema jurídico ocurre mientras se endurecen las sanciones contra la protesta social y se criminaliza el disenso.
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