La Comisión de la ciudad de Miami aprobó este martes la adhesión a un acuerdo que permitirá a policías locales asumir funciones limitadas en materia migratoria bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El programa federal, conocido como 287(G), permite que los oficiales interroguen, arresten y detengan a personas sospechosas de violar la ley de inmigración.
La votación, resuelta por una estrecha mayoría de 3 a 2, ha sido calificada por muchos como un “punto de quiebre” para la identidad de una ciudad construida sobre la base de la migración.
¿Qué implica el acuerdo 287(g)?
El programa 287(g), surgido de una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, autoriza a agentes locales a actuar como oficiales de inmigración tras recibir capacitación federal.
Esto incluye interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización legal.
En el caso de Miami, se ha optado por el modelo de “grupo de trabajo”: solo tres oficiales serán capacitados inicialmente y actuarán exclusivamente en coordinación directa con ICE.
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Según declaraciones a la presa local del jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, estos agentes “solo intervendrán si trabajan directamente con ICE en tareas específicas”.
El acuerdo no supone -al menos en su redacción formal- que la policía local se convierta en una fuerza de control migratorio activa.
Sin embargo, Morales también advirtió que no firmar el acuerdo “podría afectar la recepción de fondos federales”.
División política: la votación y sus protagonistas
La aprobación del acuerdo expuso una división clara en el liderazgo político de la ciudad.
Votaron a favor los comisionados Joe Carollo (impulsor de la moción), Miguel Ángel Gabela y Ralph “Rafael” Rosado.
En contra se manifestaron la presidenta de la comisión Christine King y el comisionado Damián Pardo, quienes expresaron duras críticas al pacto.
Pardo propuso aplazar la votación hasta que se resolviera una demanda de la ciudad de South Miami sobre la legalidad de estos acuerdos.
“El clima que propone esta legislación es tóxico para la ciudad de Miami, porque el clima que estamos viendo es de miedo, represión y hostilidad”, alertó.
King, por su parte, afirmó: “Todos somos inmigrantes” y señaló que la medida erosiona la relación entre la policía y la comunidad.
Rosado defendió su voto afirmativo aludiendo a su “confianza en el Departamento de Policía”, y alegando que el alcance del programa es más limitado de lo que se cree.
Protesta ciudadana masiva y testimonios de rechazo
Durante más de cinco horas de audiencia pública, decenas de residentes, líderes comunitarios, maestros y activistas se pronunciaron unánimemente en contra del acuerdo.
Ni un solo ciudadano defendió la medida durante la sesión.
Las intervenciones fueron emotivas y contundentes.
“No se puede celebrar las banderas haitianas, nuestra música o nuestra comida, y apoyar la detención de las mismas personas que las crearon. Eso es hipocresía, no es herencia”, señaló un residente, según detalló la prensa.
Otros hablaron de un “estado de terror” que podría instalarse en los vecindarios, generando desconfianza hacia las autoridades.
La maestra Madison Rodríguez compartió que muchos de sus estudiantes “tienen miedo de asistir a clases o salir de sus casas ante la posibilidad de que sus familiares sean detenidos”.
Abel Delgado, otro residente, lamentó que se le pida a los policías “arrestar a sus vecinos por perseguir el sueño americano”.
Yareliz Méndez Zamora, joven nicaragüense-estadounidense, expresó su consternación: “¿Cómo es posible que ahora nos den esta cachetada?”.
“Si la comisión decide firmar el acuerdo, no finjan que esta sigue siendo la Ciudad Mágica… Desnúdenla. No más ventanas de cafecito. Cierren Versalles. Saquen los gallos de la Pequeña Habana”, dijo Marquis Duncan:
La presión estatal y el trasfondo legal
El contexto legal en Florida no obliga expresamente a departamentos de policía municipales -como el de Miami- a firmar estos acuerdos, a diferencia de los sheriffs que administran cárceles de condado.
Sin embargo, existe una fuerte presión por parte del estado.
El gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier han amenazado con sanciones a municipios que no colaboren con ICE.
El abogado municipal George Wysong advirtió sobre “consecuencias reales” si Miami no aprobaba el acuerdo.
Morales fue aún más directo al afirmar que existe “una inferencia muy fuerte de que si no entramos en este acuerdo, ciertamente habría algún tipo de repercusión”.
Este panorama ha sido calificado como una forma de coacción por parte de las autoridades estatales, subordinando decisiones municipales a agendas más amplias.
Javier Fernández, alcalde de South Miami y abogado, ha demandado al estado para que los tribunales aclaren si existe tal obligación legal.
Advirtió que involucrar a la policía local en tareas migratorias podría acarrear “demandas por detención indebida y representar un riesgo económico significativo”.
Un impacto potencialmente devastador
El acuerdo aprobado podría tener efectos profundos en la relación entre la comunidad y las fuerzas del orden.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles temen que las personas indocumentadas, o quienes tienen familiares en esa situación, eviten denunciar crímenes o colaborar como testigos, debilitando la seguridad pública.
“Mi policía me cuida, mi policía me protege, mi policía no está para atacarme en las calles, ni para detenerme por un simple ticket o advertencia y preguntarme de qué país vengo, de qué raza soy, si tengo papeles o no. Eso no está bien”, sentenció Bernadette Campos.
Natalia Menocal, sin embargo, defendió a los agentes federales: “Si realmente nos importan nuestros oficiales, como decimos, deberíamos recordar lo que enfrentan los agentes de ICE en otras ciudades. Están en tanto peligro que han empezado a cubrirse el rostro”.
Un dilema de identidad para la ciudad de los inmigrantes
La decisión toca una fibra especialmente sensible en Miami, donde aproximadamente el 58 % de los residentes son nacidos en el extranjero y más del 70% se identifica como hispano o latino.
“La diversidad es nuestro superpoder”, rezaba un cartel sostenido por manifestantes frente al Ayuntamiento.
El exalcalde de Key Biscayne, Mike Davey, exhortó a la ciudad a “tomar la iniciativa” y resistir la presión estatal: “Tenemos que defendernos cuando el estado intenta oprimirnos”.
Con esta votación, Miami se une a otras jurisdicciones como Doral, Coral Gables y Homestead, que ya han firmado acuerdos 287(g).
En todo el país, más de 700 agencias han adoptado el programa.
Florida es el estado con mayor número de acuerdos activos.
Entre la ley, el miedo y el espíritu de la ciudad
La aprobación del acuerdo 287(g) en Miami plantea una profunda disyuntiva entre la seguridad, la autonomía local, la legalidad y los valores fundacionales de una ciudad edificada por inmigrantes.
Mientras las autoridades alegan razones legales, presupuestarias o de seguridad, la ciudadanía ha respondido con un mensaje claro: el miedo no puede ser política pública.
Como resumió Jonathan Homan en su intervención ante los comisionados: “Esta política que pretenden aprobar no protegerá a los estadounidenses de los delincuentes violentos. En cambio, los lanzará contra todos nosotros a través de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Si votan a favor, todos ustedes serán deshonrados para siempre como traidores”.
Preguntas frecuentes sobre el acuerdo de Miami con ICE y el programa 287(g)
¿Qué es el programa 287(g) y cómo afecta a Miami?
El programa 287(g) permite a los agentes locales actuar como oficiales de inmigración tras recibir capacitación federal. En Miami, esto significa que tres oficiales locales podrán interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de violar la ley de inmigración, siempre bajo la supervisión directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
¿Qué implicaciones tiene la colaboración de la policía local con ICE en Miami?
La colaboración de la policía local con ICE bajo el acuerdo 287(g) ha generado preocupación por la erosión de la confianza entre la comunidad y las autoridades. Organizaciones defensoras de los derechos civiles temen que las personas indocumentadas eviten denunciar crímenes o colaborar como testigos por miedo a ser detenidas, lo que podría debilitar la seguridad pública.
¿Por qué fue controvertida la votación del acuerdo en Miami?
La aprobación del acuerdo fue controvertida porque exhibió una clara división política en la ciudad, con una votación de 3 a 2. La presidenta de la comisión, Christine King, y el comisionado Damián Pardo se opusieron, argumentando que la medida erosiona la relación entre la policía y la comunidad y crea un clima de miedo y represión.
¿Cuál es la postura del gobernador Ron DeSantis sobre la inmigración en Florida?
El gobernador Ron DeSantis mantiene una postura firme contra la inmigración ilegal en Florida. Ha impulsado el programa 287(g) y ha amenazado con sanciones a los municipios que no colaboren con ICE. DeSantis ha dejado claro que Florida no será un estado santuario para inmigrantes indocumentados y ha promovido leyes para reforzar las deportaciones y endurecer las políticas migratorias.
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