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El sur de Florida, conocido por su diversidad cultural y fuerte presencia hispana, se ha convertido en epicentro de políticas migratorias más restrictivas durante la actual administración del presidente Donald Trump.
Pese a que muchos de sus residentes provienen de países latinoamericanos, la mayoría de las ciudades en los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe han suscrito acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante el programa 287(g).
Esta iniciativa permite que agencias policiales estatales y locales trabajen conjuntamente con el gobierno federal en la aplicación de leyes de inmigración.
Ciudades del sur de Florida que colaboran con ICE
En el caso de Miami-Dade, destacan los acuerdos firmados por ciudades que, paradójicamente, tienen una población marcadamente inmigrante:
-Miami: El 17 de junio, la Comisión de la ciudad aprobó -por votación 3 a 2- que su fuerza policial coopere formalmente con agentes del ICE, habilitando una colaboración directa para identificar y procesar inmigrantes en situación irregular.
-Homestead: Esta ciudad de base agrícola, donde viven y trabajan miles de inmigrantes provenientes de México, Centroamérica y Sudamérica, formalizó su colaboración con ICE en abril.
-Hialeah: En una votación unánime el pasado 12 de marzo, el concejo municipal acordó que su departamento de policía firme un acuerdo para apoyar activamente en operativos migratorios.
-Doral: Considerada la ciudad con mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos, muchos de los cuales ingresaron bajo programas como TPS o parole humanitario -ya sin validez legal, Doral también decidió unirse a esta iniciativa.
Otras ciudades del condado Miami-Dade que colaboran con ICE:
-Sweetwater.
-Coral Gables.
-West Miami.
-Miami Springs.
-Sunny Isles Beach.
En el condado Broward, se han adherido las siguientes localidades: Davie y Pompano Beach, según revela un recientes listado publicado por la cadena Univision.
En el archipiélago de los Cayos, en el condado Monroe, se han sumado: Key West y Key Colony Beach.
Además, todos los departamentos de sheriff de los 67 condados del estado de Florida han firmado acuerdos bajo este programa, haciendo de Florida el único estado del país donde la totalidad de sus condados colabora con ICE de esta manera.
¿Qué es el programa 287(g)?
El programa 287(g) fue autorizado por el Congreso en 1996 y permite que el Departamento de Seguridad Nacional delegue funciones migratorias a las agencias policiales estatales y locales.
Aunque su uso fue limitado durante años, bajo la presidencia de Donald Trump y con el apoyo del gobernador Ron DeSantis, ha sido reactivado y ampliado agresivamente.
Estos acuerdos permiten a las autoridades locales realizar tareas que tradicionalmente correspondían a los agentes federales, tales como:
-Verificar el estatus migratorio de personas detenidas en cárceles.
-Ejecutar órdenes de arresto migratorio emitidas por ICE.
-Investigar a individuos en situación irregular durante patrullajes y operativos locales.
Existen tres modalidades operativas del programa 287 (g)
Modelo de control en cárceles: permite revisar los antecedentes migratorios de detenidos.
Modelo de cumplimiento de órdenes de arresto: otorga a las policías locales la autoridad para responder a solicitudes de ICE.
Modelo de equipo de trabajo: faculta a los oficiales para actuar en operativos y tareas diarias con poder de identificación migratoria.
Un impulso estatal: Florida como líder en políticas migratorias estrictas
En febrero, el gobernador Ron DeSantis relanzó con fuerza el programa 287(g), aclarando que Florida no sería un estado santuario.
A través de un paquete de leyes y acuerdos, su administración ha reforzado las competencias de las fuerzas del orden para aplicar directamente leyes de inmigración.
“Si todos los estados hicieran lo mismo, este problema desaparecería mucho más rápido”, declaró DeSantis desde la Base Aérea de Homestead, flanqueado por representantes del Departamento de Seguridad Nacional.
El nuevo marco legal incluye:
-Criminalización del ingreso ilegal al estado, con penas de hasta 9 meses de cárcel.
-Retención obligatoria de hasta 48 horas de inmigrantes detenidos, antes de ser entregados a ICE.
-Implementación obligatoria del sistema E-Verify en todos los negocios, incluso los pequeños, para comprobar el estatus migratorio de los trabajadores.
Además, se ha aprobado un presupuesto de 250 millones de dólares para mejorar la infraestructura policial y apoyar los operativos migratorios a nivel local.
Controversias y desafíos
Las políticas han sido recibidas con fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, como la American Civil Liberties Union (ACLU), que advierte sobre riesgos de discriminación racial y la erosión de la confianza entre comunidades inmigrantes y las autoridades.
“Esta ley y la retórica que la rodea fomentarán la discriminación racial y el miedo”, afirmó Kara Gross, directora legislativa de la ACLU en Florida.
Por su parte, el sheriff de Polk County, Grady Judd, minimizó estas preocupaciones y aseguró que simplemente están “siguiendo la ley” para expulsar a criminales y reincidentes.
Sin embargo, la capacidad de las cárceles para albergar a los detenidos ya ha sido señalada como un posible cuello de botella. Sin ampliación de espacios, advirtió Judd, “el sistema se colapsará en días”.
Con la totalidad de los condados bajo acuerdos de cooperación y un número creciente de ciudades uniéndose individualmente, Florida se consolida como un modelo de aplicación estricta de la ley migratoria, mientras el debate sobre derechos humanos, seguridad pública y justicia continúa polarizando a la sociedad.
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