El Consejo de la Administración Provincial (CAP) de Las Tunas ―que regula los precios del transporte no estatal― ha aprobado un grupo de medidas que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de octubre.
Una nota publicada en el diario oficial Granma, asegura que fueron aprobadas nuevas tarifas, en dependencia del medio de transporte de que se trate y de la ruta a cubrir.
Hace pocos días nos hicimos eco de un vídeo publicado por Visión Tunera, donde se escuchaba el testimonio de los residentes en esa provincia, quienes estaban padeciendo una gran fluctuación de precios en la transportación privada.
En las entrevistas, muchos quejaban del creciente abuso hacia los clientes, quienes no encontraban otra manera de defenderse que elegir pagar o no los precios que les impusieran.
Ello ha propiciado que una parte de la población ―que no dispone de medios económicos suficientes para hacer frente a los altos precios― haya tenido que renunciar al servicio.
El alza de precios se considera injustificada, y de ahí que el volumen creciente de quejas, haya determinado regulaciones para topar los precios.
Entre otros aspectos, los usuarios, se quejan de que los transportistas privados que hacen recorridos entre municipios y/o provincias ―ya sea en automóviles o en camiones― elevan el precio indiscriminadamente.
El diario Granma destaca que:
“Las regulaciones, establecen un máximo a pagar por los usuarios, en dependencia del tipo de vehículo (camiones, máquinas, coches, bicitaxis y motocicletas) y las rutas determinadas en el territorio, luego de un profundo estudio, que incluyó no solo a los organismos reguladores de la actividad, sino las opiniones de la población y de los propios porteadores privados”.
Lo curioso, sin embargo, es que la noticia publicada por Granma, pese a la gran expectativa que genera su titular “Establecen precios máximos para el transporte privado”, no publica ni remite a listado alguno en el que los usuarios puedan comprobar cuáles han sido los cambios exactamente.
En el control de las nuevas ―y todavía desconocidas― tarifas que entrarán en vigor el 1 de octubre, intervendrán organismos, instituciones varias y hasta la misma población.
Serán los inspectores integrales, la dirección de transporte y algunas dependencias de la Policía, los encargados directos de velar por el cumplimiento del Decreto Ley 315 del Consejo de Estado, que: “estipula las multas por violaciones a las tarifas del transporte y otros marcos legales vigentes”.
En el caso de las rutas intermunicipales ―cubiertas por máquinas y camiones― será obligada la salida de las terminales, bajo el control de los cargadores y aforadores.
Las nuevas medidas requerirán un reordenamiento de las piqueras, con el fin de evitar la presencia de cocheros ilegales y el incumplimiento de los precios.
Dicho todo esto, solo queda esperar que pronto los medios oficiales de la Isla publiquen las tarifas, pues para el 1 de octubre queda ya poco más de una semana.
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