Nueva York, 28 sep (EFE).- Según un nuevo estudio publicado hoy por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los dos grandes retos que enfrenta el periodismo en Cuba son conseguir una reforma del marco legal que impide ahora mismo el pleno respeto a la libertad de expresión en la Isla, y economizar el acceso a internet entre la población.
"El acoso y la intimidación por parte de las autoridades, el vacío legal debido a la existencia de anticuadas y restrictivas disposiciones legales sobre la actividad de la prensa, y el limitado y costoso acceso a internet están frenando el avance de la libertad de prensa", según el informe titulado "Conectar a Cuba".
El director para las Américas del CPJ, Carlos Lauría, asegura que los periodistas y blogueros están abriendo nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace poco parecían "zonas vedadas", pero al mismo tiempo denuncia que ese dinamismo contrasta con el "restrictivo marco jurídico".
"El auge de la cobertura informativa independiente es una señal de una Cuba en cambio", afirma Lauría, quien advierte que aún queda "mucho por hacer" porque la amenaza de la detención arbitraria, las ambiguas disposiciones legales y las limitaciones sobre el acceso a internet siguen frenando el avance de la libertad de prensa.
El informe menciona un proyecto conocido como "Operación Verdad", vinculado a la Juventud del Partido Comunista, que según uno sus antiguos integrantes que habló con el CPJ, se encarga de supervisar las conversaciones en internet en busca de señales de disidencia y de responder con comentarios a periodistas y blogueros críticos.
El estudio destaca que la actual normativa, desde la Constitución hasta el Código Penal, limitan la capacidad de los periodistas de informar de manera crítica e independiente, ya que la Carta Magna aún prohíbe la propiedad privada sobre medios de difusión y estipula que los medios masivos deben ser de propiedad social o del Estado.
Además, el Código Penal sigue contemplando penas de hasta tres años de cárcel por calumniar, difamar o injuriar a los altos funcionarios públicos, y de hasta cuatro años de prisión por difundir noticias falsas que "pongan en peligro o que desacrediten el prestigio" del Estado.
El CPJ recuerda también que continúa vigente la Ley de Dignidad Nacional de 1997 que prevé hasta diez años de prisión por colaborar con "medios del enemigo", o la Ley de Protección de la Independencia Nacional, que incluye penas de hasta ocho años por acumular, reproducir o distribuir materiales subversivos.
La otra piedra angular del informe se centra en el escaso acceso que tienen los cubanos a internet, lo que se convierte, según el estudio, en el mayor obstáculo para que los periodistas se vuelvan relevantes, ya que pese a los avances logrados en los últimos años, la mayoría de los contenidos todavía se consumen fuera de la isla.
El CPJ destaca, entre otros aspectos, que Cuba cuenta ya con la primera conexión de fibra óptica de alta velocidad, con un cable de internet submarino que conecta la isla con Venezuela desde 2013, y con el primer sistema nacional de correos electrónicos para teléfonos móviles.
Pero pese a las medidas que se han ido adoptando y las promesas de las autoridades para que en 2020 la mitad de la población tenga acceso a la red, Cuba sigue teniendo el índice de conectividad más bajo del hemisferio, con apenas 90 puntos de acceso público a wifi en toda la isla, según el estudio.
Cuba alega que es resultado del embargo y de las limitaciones de una economía en vías de desarrollo, pero desde la apertura de las relaciones con Estados Unidos en 2014, no se han anunciado contratos importantes sobre acceso a Internet, salvo un centro patrocinado por Google que es "más un gesto simbólico que una solución".
Por todo ello, el CPJ recomienda que se permitan las cooperativas de prensa o medios privados, que se fomente un ambiente que estimule a la prensa estatal a funcionar de forma independiente y a informar de manera crítica, y que se acabe con las citaciones, detenciones breves y el acoso a los periodistas independientes.
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