Praga, 29 sep (EFE).- La irrupción a la fuerza de la Fiscalía y miembros del MININT en las instalaciones de Cubalex ha provocado la denuncia del Instituto de Estudios Latinoamericanos CASLA de Praga, que ha alertado de tratos vejatorios e intimidaciones contra los miembros de la organización cubana.
En un comunicado alertan que el registro se realizó de "de forma violenta" por más de 20 "funcionarios del gobierno cubano" y "funcionarios del Partido Comunista".
Cubalex es una organización cubana de asesoría legal sin ánimo de lucro y que está aún pendiente de legalización.
La organización presta servicios legales a toda la comunidad, en especial a familias con reclusos. Según CASLA, las autoridades cubanas sospechan que Cubalex presta servicios cobrando honorarios sin el permiso pertinente.
Esto podría dar lugar, dice el instituto checo, a una acusación formal de "actividad económica ilícita y asociación ilícita" contra esta ONG, con sede en La Habana.
Durante las tres horas que duró el registro del inmueble, la residencia de la abogada Laritza Diversent, se confiscaron cuatro ordenadores portátiles, cinco ordenadores personales, un servidor, tres impresoras, discos duros, memorias, cámaras fotográficas y varios los teléfonos celulares.
También se incautaron, según el comunicado, cientos de archivos con información confidencial de clientes a los que la organización provee asistencia legal.
En el transcurso de esta operación, las empleadas de la ONG que estaban allí "fueron obligadas a desnudarse y ponerse de cuclillas para demostrar que no tenían nada escondido en sus genitales".
Dos empleados fueron arrestados, entre ellos el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayoaún, que permanece incomunicado en una estación de policía de La Habana, concluye CASLA.
La entidad checa, fundada en el año 2007 y dirigida por la abogada venezolana Tamara Suju, tiene como objetivo promover los derechos humanos en América Latina.
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