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Miami, 3 mar (EFEUSA).- La controversia generada a lo largo y ancho - o de Norte a Sur - en el condado de Miami-Dade con respecto al espaldarazo dado por el alcalde Carlo Giménez, a la "amenaza" del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de recortar los fondos federales, en los delitos relacionados con inmigrantes indocumentados, ha tenido un final feliz, luego de que este viernes, el juez del Circuito de la Florida, Milton Hirsch dictaminara que "constituye una violación a la Constitución, que los Condados encarcelen a gente programada para la deportación".
La decisión del juez, está relacionada específicamente con un caso, el de un inmigrante haitiano indocumentado que fue retenido en una prisión del condado de Miami-Dade a petición de las autoridades migratorias federales en vez de ser liberado. El juez dictaminó que los derechos de este individuo, fueron violados.
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Tras este fallo de hoy, los Condados "no tendrán competencia" para encarcelar a inmigrantes ilegales bajo la prerrogativa dada por Donald Trump.
La decisión del juez fue un reproche de la muy criticada decisión del alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez permitir condadas cárceles para inmigrantes indocumentados en espera de deportación por agentes federales, una medida que generó protestas y enojo por muchos defensores de la inmigración del sur de Florida.
En su fallo de hoy, el juez Milton Hirsch señala que las peticiones de detención prolongada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no suponen "evidencia de que se haya cometido un crimen o que alguien esté en el país ilegalmente", por lo que los presos deben ser liberados una vez cumplida su pena.
En su opinión, hay que "proteger" al país de la inmigración indocumentada, pero eso no debe hacerse a costa de los "históricos derechos y libertades" de las que se dotó la nación.
Mike Hernández, portavoz del alcalde de Miami-Dade, dijo que apelarán la decisión de Hircsh, señaló el canal Local 10.
Sin embargo, este fallo judicial llega tarde para el haitiano James LaCroix, de 45 años, detenido bajo orden de deportación tras haber sido capturado inicialmente por agentes del condado de Miami-Dade por conducción reiterada de un auto sin licencia de manejo válida.
La Administración Trump insiste en que su principal objetivo es deportar a "criminales", aunque ha emitido nuevas directrices que acaban con las prioridades establecidas por su predecesor, Barack Obama, de centrarse en criminales para detener ahora a cualquier indocumentado al alcance de los agentes.
Para ello restauraron el programa Comunidades Seguras, que permite a agentes locales y estatales acceder a bases de datos federales de huellas digitales para determinar la identidad y situación inmigratoria de un detenido sin importar el motivo.
Dado que el haitiano se encuentra ya bajo custodia federal, la decisión del magistrado queda sin efecto real, señaló el abogado del inmigrante, Philip Reizenstein, al canal NBC 6 South Florida.
El martes pasado el juez Milton Hirsch condenó a LaCroix a cinco semanas de cárcel, que ya había cumplido, pero no fue puesto en libertad porque ICE solicitó al condado que le retuviera conforme a una orden de deportación.
Los abogados del haitiano interpusieron un auto de "Habeas Corpus" contra la orden por violación de sus derechos civiles y solicitaron su libertad, pero LaCroix fue puesto este miércoles bajo custodia de los agentes del ICE, antes de que el juez Hirsch pudiera escuchar el jueves los argumentos de la defensa, apuntó el medio.
El condado ha recibido al menos 52 peticiones del ICE para retener a indocumentados desde que en enero pasado terminase con su política de no dar conformidad a este tipo de peticiones a no ser que el gobierno federal pagara los costes adicionales por la retención de los inmigrantes sin estatus legal.
La autoridad condal decidió cumplir con las solicitudes de detención prolongada de inmigrantes después de que Trump amenazara con retirar fondos federales a las jurisdicciones que obstruyeran la aplicación de las leyes migratorias.
Estas son las denominadas jurisdicciones "santuario", que rechazan destinar fondos y esfuerzos para cooperar con programas migratorios, que son de responsabilidad federal y que, por lo tanto, no son de obligatorio cumplimiento para ciudades, estados o condados del país.
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