Este jueves 30 de marzo la Cancillería de Perú comunicó que retira "de manera definitiva" a su embajador en Venezuela. La Cancillería declaró, en un texto difundido en Twitter, que “el gobierno de Perú condena la decisión del TSJ [Tribunal Supremo de Justicia] de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la AN [Asamblea Nacional], arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático”.
Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, expresó también en Twitter: “Condeno la ruptura de la democracia en Venezuela. Retiro de manera definitiva a mi Embajador en ese país”.
Y ratificó su criterio en otro tweet: “América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela”.
Según destacan medios de prensa, la reacción de Perú responde a la reciente decisión de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano advirtiera que a partir de ahora ejercerá las competencias del órgano legislativo ―la Asamblea Nacional― mientras esta se mantenga en situación de “desacato”.
El TSJ declaró “en desacato” a la Asamblea Nacional (que está controlada por la oposición), en enero de 2016. En aquel momento el TSJ ordenó que todos los actos de la AN fuesen nulos mientras siguieran en el cargo los tres diputados opositores por el estado Amazonas (cuya elección fue impugnada por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela).
Sin embargo, por decisión de la propia Asamblea, esos diputados ya no están ejerciendo funciones, pero no obstante el TSJ mantiene su posición, lo que ha llevado a la coalición opositora “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD) a acusar al alto tribunal de perjudicar al Parlamento para quedarse el control del país.
La oposición venezolana, que controla la Asamblea Nacional desde diciembre de 2015, ha llegado a calificar la decisión "golpe de Estado", en palabras del diputado opositor Julio Borges, quien además ha convocado manifestaciones.
En lo que respecta a la actitud adoptada por Perú en relación con el país vecino, Lima ya había llamado a consultas a su embajador en Caracas el pasado 7 de marzo. El gobierno peruano tomó la decisión luego de que Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, tildara de "cobarde" y de "perro simpático" al presidente peruano.
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