La amenaza de Donald Trump en relación a las ciudades norteamericanas que se resistan a su prerrogativa presidencial de dejar de ser ciudades santuario, acaba de ser declarada inconstitucional, según el dictamen del magistrado William H. Orrick, juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Norte de California.
La polémica orden ejecutiva dictada por Trump acaba de recibir un golpe casi demoledor al dejar atado de pies y manos al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia, quienes contaban con el apoyo de las autoridades locales y de la policía de muchas de esas ciudades, para ejecutar la orden.
En su fallo, Orrick, un magistrádo de 63 años y de sólida carrera como jurista, argumentó que "la amenaza de retirar fondos federales a las ciudades que no cooperaran con alguna ley de inmigración federal, no se aplicará en el condado de Santa Clara, California", pero al tomar tal decisión, y tratándose de un juez federal, se podría aplicar en todo el país.
Medios como CNN han tomado cuenta de ello al citar la orden como "un bloqueo al gobierno", sin embargo, es preciso admitir que el fallo de Orrick se limita a "los condados y ciudades que desafiaron la ley para demostrar que podían hacer frente a un daño irreparable de manera inmediata". O sea: "su orden" solo pudiera usarse como "referencia" en aquellas ciudades donde se debata la prerrogativa presidencial.
Aunque Orrick le ha dejado al gobierno "cierto margen de maniobra", fue enfático al citar que en algunas jurisdicciones del país la ley ya ha causado un verdadero daño, demostrable en muchos casos.
Según el magistrado, 'están sufriendo actualmente un daño irreparable' porque la orden viola los derechos otorgados a los estados por la Constitución y porque, incluso si la orden no se ha llevado a cabo, ha 'causado incertidumbre con el presupuesto' con las amenazas de que el gobierno les retiraría cientos de millones de dólares de sus fondos federales.
con información de CNN
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