Joanna Columbié, directora de la Academia 1010 del movimiento opositor Somos+, fue deportada este viernes a Camagüey.
La opositora se encontraba detenida en la prisión de Vivac La Habana desde el pasado 26 de mayo.
Según el reporte de 'Diario de Cuba', la activista Roxana Arias pudo hablar por teléfono con Columbié quien le informó que sería deportada.
"Alrededor de las 10:30 de la mañana ya estaba la guagua allí. Trasladaban a todas las mujeres a la guagua con un cordón policial. A pesar de que no son criminales, sino que son cubanas deportadas de la capital de su propio país", relata Arias.
Según Eliécer Ávila, líder de Somos+, a Joanna Columbié "la van a tener la noche entera allí, y la Seguridad del Estado la va a hostigar". "Se refieren a propaganda enemiga con dos discos de las conferencias de la Academia que ella traía encima y algunas clases de Derecho y Economía", explicó Ávila a 'Martí Noticias' sobre los motivos de la detención de Columbié.
Arias aclaró que "en ningún momento estuvo ilegal" [Joanna Columbié] en La Habana. Renovó la residencia temporal. Estuvo en total un año. La residencia se le venció el 25; y el 26 la detuvieron cuando salió a la calle.
La oposición se une para condenar la 'deportación interna'
Desde Somos+ se habla de "una brutal y desesperada ofensiva contra sus miembros y principales líderes" que ya ha sido condenada en un comunicado de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), la plataforma ciudadana #Otro18 y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE).
En un comunicado, estas tres organizaciones dijeron que Joanna Columbié "fue amenazada fuertemente por su trabajo con #Otro18, y se le prohibió, de manera inconstitucional, visitar la provincia de Santiago de Cuba donde residen sus padres, así como regresar a La Habana; de manera que el municipio Céspedes se convierte de facto, en otro acto manifiesto de ilegalidad, en un territorio de confinamiento extralegal".
Sobre la deportación interna que el gobierno cubano realiza habitualmente a miembros de organizaciones políticas contrarias al régimen, consideran que es "una práctica discriminatoria anticonstitucional que coloca a los cubanos por demás, y en su propio país, por debajo de los extranjeros residentes, quienes pueden vivir en cualquier lugar del territorio nacional sin permisos y autorizaciones especiales".
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