El caso contra el opositor cubano Eliécer Ávila Almeida ―acusado en abril de los delitos de receptación y actividad económica ilícita― fue archivado por la Fiscalía General de la República de Cuba por la "carencia de antecedentes penales del acusado" y su “buen comportamiento durante el proceso”.
La medida adoptada por la Fiscalía se corresponde con lo enunciado en la Ley de Procedimiento Penal en Cuba, según la cual un fiscal tiene la potestad de sobreseer un caso "si considera que el hecho no es constitutivo de delito o es manifiestamente falso, o los acusados como autores o cómplices resultan exentos de responsabilidad penal".
Sin embargo, las pertenencias incautadas durante el registro policial que realizaron a la vivienda de Eliécer han sido confiscadas de manera permanente.
Sólo le devolvieron tres agendas personales, un almanaque y una vieja póliza de seguro de viaje, según declaró el opositor. El resto de pertenencias, cuyo listado oficial abarca diez folios, pasarán a manos del Estado cubano. Entre los objetos confiscados figuran su computadora personal y un teléfono móvil.
El líder del movimiento Somos+ recibió el pasado 5 de agosto el citado documento firmado por el fiscal Bileardo Amaro Guerra, en el que se le informaba del cierre del caso pero donde también se pasaba página sobre la devolución de sus pertenencias.
Ávila ha calificado de ilógico que las autoridades cubanas afirmen que él no cometió delito y que al mismo tiempo deba aceptar que lo despojan de parte de sus bienes personales, que él calcula en un valor aproximado a 15 mil CUC.
En declaraciones a Martí Noticias, Eliécer Ávila señaló que las autoridades han procedido con “cinismo” y reiteró que apelará en lo relativo al decomiso de sus pertenencias.
El opositor adelantó igualmente que se encuentra en trámites “para tomar acciones legales de otra índole”.
Osvaldo Rodríguez Díaz ―abogado defensor de Eliécer Ávila― explicó recientemente algunos detalles de la acusación y de las irregularidades que ha visto en el caso.
El abogado criticó la "incertidumbre" que rodeaba al proceso y cuestionó que pese al carácter "económico" de las acusaciones, Ávila haya sido llevado a Villa Marista tras ser detenido, cuando es sabido que ese es el cuartel general de la Seguridad del Estado.
Los registros y confiscaciones de bienes de opositores políticos cubanos se ha convertido en una práctica frecuente en el último año, ampliamente reseñada por diversas organizaciones de Derechos Humanos.
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