En los últimos 18 meses se han "resuelto" 1.016 infracciones en la provincia de Villa Clara, cometidas por vecinos que construyen casas ilegales en la playa o en terrenos estatales y roban las conexiones eléctrica y de agua. También a ciudadanos que se meten a vivir en locales sin estar autorizados para ello.
Según el periódico local Escambray, para "meter en cintura" a los que delinquen se ha procedido, en algunos casos, a demoler la vivienda y en otros se ha optado por legalizarla.
El diario reconoce que estas inspecciones sancionadoras que detectan casas ilegales no se realizan con el mismo celo en todos los territorios del país, pero aplauden "el apretón de tuerca" que se está llevando a cabo en las Villas.
De las 22.000 casas construidas en Cuba el año pasado, más de la mitad (12.849) fueron levantadas por particulares. El resto, 9.257 fueron construidas por entidades sectoriales y cooperativas estatales. Así lo recoge el último informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba, que refleja una contracción en la construcción de viviendas en 2015 respecto a 2016.
El propio Gobierno cubano reconoce que el país tiene un déficit por encima de las 880.000 casas y que en provincias como La Habana o Santiago de Cuba hay 3,8 millones de hogares que viven en condiciones habitacionales críticas.
En la capital del país se echan en falta más de 200.000 viviendas aunque Holguín es el caso más crítico: necesitaría 147.000 nuevas construcciones.
La página oficialista Cubadebate ha identificado las trabas burocráticas, la escasez de materiales de construcción y de mano de obra, así como la corrupción en los gobiernos locales, como los principales problemas que atentan contra el proceso de obtención de subsidios para la vivienda en Cuba.
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