Las tarjetas de residencia de alrededor de un centenar de ciudadanos cubanos en la comunidad autónoma de Canarias, España, "se extinguieron y no hubo opción a renovarlas, puesto que fueron obtenidas de una manera fraudulenta", reportó el diario local El Día.
Según recoge el referido medio, la medida fue confirmada el pasado viernes por fuentes oficiales de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife consultadas por esa redacción.
El hecho fue rechazado por la abogada local Gisela Aurora García Martín, quien denunció al portal noticioso que la Policía Nacional retiró los permisos de residencia “antes de que finalice el proceso judicial en el que están implicados y, evidentemente, sin que estos hayan sido condenados”.
Supuestamente, estos isleños residentes en Canarias están involucradas en un supuesto fraude del procedimiento de reagrupamiento familiar que en su momento fue descubierto por investigadores de la Guardia Civil.
La letrada señala que, desde su punto de vista, de esa manera se vulnera el principio de presunción de inocencia o el de tutela judicial efectiva. No obstante, considera que "el mayor riesgo de tan determinante decisión administrativa pudiera incurrir en responsabilidad patrimonial si sobre algunos de los citados cubanos recayese sentencia absolutoria”.
De acuerdo con el medio, en noviembre del año pasado se supo que la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del Instituto Armado y la Oficina Única de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno desactivaron un método irregular para la obtención de tarjetas de residencia, con unos 52 casos detectados. Entre los imputados figuran tres dueños de locutorios.
El sistema fraudulento consistía en tramitar solicitudes de tarjetas de residencia por reagrupación familiar de personas que acreditaran que en su país de origen (Cuba, mayoritariamente) subsisten gracias a las ayudas económicas enviadas por sus familiares residentes en Tenerife.
Pero los guardias civiles comprobaron que los recibos de envío de dinero se habían falsificado con métodos informáticos. Y de tal forma fue confirmado por las compañías de envío de dinero con las que trabajaban los referidos locutorios.
García Martín explicó que muchos familiares de cubanos residentes en España, gracias a esos justificantes de envíos, obtuvieron permiso de residencia en la Oficina Única de Extranjeros a partir de diciembre de 2015, cuando entró en vigor el Real Decreto 987/2015, que permitía dicha vía (la justificación del envío de dinero para subsistencia) para el reagrupamiento familiar.
Otras consecuencias negativas de la medida impuesta a los cubanos son “las órdenes de expulsión y la eliminación de la vida laboral de inmigrantes que han trabajado y cotizado a la Seguridad Social, sin que esté terminado el procedimiento penal”.
Las fuentes oficiales consultadas por El Día apuntaron que los perjudicados por dicha situación presentaron los correspondientes recursos. Sin embargo, estos últimos no serán resueltos hasta que por parte de las autoridades judiciales se dicte sentencia sobre el caso de las irregularidades detectadas para favorecer el reagrupamiento familiar.
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