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Le confiscan la casa de sus abuelos, le dan otra con goteras y la encierran por protestar

Indira Martínez Borges, madre de un bebé de dos años, se enfrenta este viernes 20 de julio a un juicio por "desacato". Llamó "corrupta" a una funcionaria de la Dirección Provincial de Vivienda en Camagüey.

Indira Martínez Borges, con su niño de dos años. © Sol García Basulto / Facebook
Indira Martínez Borges, con su niño de dos años. Foto © Sol García Basulto / Facebook

Este artículo es de hace 5 años

Las autoridades cubanas le confiscaron la casa de sus abuelos, que ella asegura haber heredado legítimamente. A cambio le dieron un apartamento con goteras que necesita reformas y por el que le exigen el pago de 269.000 pesos.

Ella fue a protestar a la Dirección Provincial de Vivienda en Camagüey y con el disgusto en el cuerpo le llamó "corrupta" a una funcionaria. Este viernes 20 de julio tiene un juicio en el Tribunal Provincial de Camagüey. La acusan de desacato.

Ésta es la historia de Indira Martínez Borges, una cubana, madre de un bebé de dos años, que hoy está detenida en la Unidad de la Policía Nacional de Camagüey, a la espera de que dentro de unas horas la juzguen por protestar en contra del decomiso de la casa familiar en la que se crió su madre y vivieron sus abuelos, según ha informado en Facebook la periodista Sol García Basulto.

Indira fue detenida este martes 17 de julio cuando intentaba explicar en la Dirección Provincial de Vivienda que ella había pagado 8.810 pesos por la casa de sus abuelos y ahora le quieren cobrar 10.400 dólares por el apartamento defectuoso que le dieron a cambio, informa Diario de Cuba.

Según explica Indira, la funcionaria la empezó a ofender y ella le contestó. De pronto llegó la Policía y la acusó de desacato por protestar e intentar saber por qué si ella había pagado ya su casa tenía que volver a pagar un impuesto al Estado para poder permutar o vender el apartamento que le dieron a cambio de la vivienda familiar que le acaban de confiscar.

El caso de Indira no es único. Hace unos días tuvimos noticias de un cubano que se repatrió a la Isla, abrió una paladar y ahora las autoridades cubanas le han cerrado el negocio y le han decomisado la casa donde vivía, que pertenecía a su suegra, una maestra jubilada a la que acusan de proxenetismo. Ha ocurrido en Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas.

También a él le dieron una casa en peores condiciones que la que tenía. La suya se la han asignado al suegro de un alto directivo del Gobierno provincial.

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