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El gobierno cubano ha puesto a consulta pública un nuevo Anteproyecto de Ley de la Vivienda que, de aprobarse, derogaría la Ley General de la Vivienda de 1988 y modificaría aspectos sensibles del régimen de propiedad en la isla.
En medio de un déficit habitacional que supera las 900,000 viviendas y con más de un tercio del fondo habitacional en estado regular o malo, la propuesta introduce cambios estructurales en la política inmobiliaria, algunos de ellos largamente reclamados por la ciudadanía.
A continuación, desglosamos lo que debes saber sobre el nuevo Anteproyecto de Ley de la Vivienda en Cuba, según ha dado a conocer en días recientes el medio oficialista Cubadebate.
Fin de la confiscación por salida definitiva del país
Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la confiscación de viviendas por emigrar.
Según el propio texto divulgado, por primera vez los cubanos que se establezcan permanentemente en el extranjero podrán conservar, heredar y transmitir sus propiedades sin perderlas por el hecho de residir fuera del país.
Durante décadas, la salida definitiva implicaba la pérdida automática del inmueble, una medida que generó inseguridad jurídica y afectó a miles de familias.
Con esta modificación, el Estado equipara formalmente los derechos patrimoniales de los emigrados con los de los residentes en Cuba, al menos en lo relativo a la propiedad inmobiliaria.
Hasta dos viviendas… y una de descanso
El anteproyecto amplía la posibilidad de acumulación legal de inmuebles.
Las personas naturales podrán ser propietarias de hasta dos viviendas, sin contar una tercera categoría: la llamada “vivienda de descanso”, ubicada en zonas de playa, campo o montaña, que podrá poseerse de manera independiente.
Hasta ahora, la tenencia estaba severamente restringida, y el nuevo marco flexibiliza ese límite, lo que podría impactar tanto en el mercado inmobiliario como en la desigualdad patrimonial, en un contexto donde buena parte de la población enfrenta dificultades económicas para acceder siquiera a una vivienda en condiciones adecuadas.
Compraventa y herencia con menos trabas
El texto también promete simplificar los procesos de transmisión de propiedades.
Se flexibilizan las reglas para la venta, donación, permuta y herencia.
Las viviendas de descanso tendrán los mismos derechos de transmisión que las residenciales, y todas podrán ser objeto de compraventa sin las trabas administrativas que han caracterizado históricamente el mercado inmobiliario cubano.
El gobierno plantea reducir la discrecionalidad de los órganos locales y establecer procedimientos más ágiles, en un intento por dinamizar el sector.
Hipotecas: Una figura inédita en la legislación cubana
Por primera vez, la ley introduce la figura del financiamiento hipotecario.
Esto permitiría a las familias adquirir o construir viviendas mediante créditos a largo plazo garantizados con el propio inmueble.
Hasta ahora, las opciones se limitaban al ahorro personal, remesas o construcción progresiva.
El mecanismo se complementaría con créditos bancarios tradicionales y subsidios estatales para sectores vulnerables.
Sin embargo, el alcance real de esta medida dependerá de las condiciones financieras, tasas de interés y capacidad de pago en un país donde los salarios estatales continúan siendo insuficientes frente a la inflación.
Subsidios y sectores priorizados
El anteproyecto establece prioridades para el otorgamiento de beneficios.
Se incluyen damnificados por desastres naturales, familias en situación de hacinamiento, jóvenes en edad laboral, familias numerosas, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia doméstica.
También se incorpora un capítulo específico sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda, reconociendo las barreras que enfrentan en el mercado inmobiliario.
No obstante, el principal desafío sigue siendo la disponibilidad real de recursos y materiales de construcción.
Cambios en el régimen de alquileres
La propuesta incrementa la proporción de viviendas destinadas al arrendamiento y autoriza explícitamente el subarrendamiento.
Con ello se busca ampliar la oferta en un mercado marcado por la escasez y altos precios informales.
La intención oficial es dinamizar el mercado de alquileres formales y ofrecer alternativas a quienes no pueden acceder a la propiedad.
El impacto dependerá de cómo se regulen los precios y de la capacidad del Estado para fiscalizar sin generar nuevas trabas burocráticas.
Un fondo habitacional en deterioro
Cuba cuenta con aproximadamente 4.1 millones de viviendas, pero el 35 % -unos 1.4 millones- se encuentra en estado regular o malo.
El anteproyecto plantea que el Estado asuma la rehabilitación estructural de edificios en alto deterioro mediante programas integrales.
Además, fortalece las juntas de administración en edificios multifamiliares, que podrán fijar cuotas, contratar servicios, arrendar espacios comunes y acceder a créditos bancarios para mantenimiento.
El deterioro estructural del parque habitacional ha sido uno de los problemas más visibles en ciudades como La Habana, donde los derrumbes parciales y totales se repiten cada año.
Simplificación normativa
El gobierno reconoce que la dispersión legislativa ha generado falta de control y demoras.
Actualmente existen nueve decretos leyes y 127 normas relacionadas con la vivienda. La nueva ley busca unificar el marco jurídico, simplificar trámites y reducir la burocracia, en un contexto donde la construcción y legalización de viviendas avanza con extrema lentitud.
Un déficit que no deja margen
El contexto económico resulta determinante.
En el primer semestre de 2025 apenas se construyeron 2 728 viviendas, lo que representa un crecimiento de apenas 0.1 % anual.
El déficit habitacional supera las 929 mil unidades y el ritmo constructivo está muy por debajo de las necesidades reales del país.
Sin un aumento sustancial en la producción de materiales, financiamiento y capacidad constructiva, la nueva ley podría enfrentar serios límites prácticos.
¿Qué falta para aprobación del Anteproyecto de Ley sobre la vivienda en Cuba?
La consulta pública se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026. Las opiniones pueden enviarse al correo oficial habilitado por el Ministerio de la Construcción.
Tras el procesamiento de los criterios recibidos, el organismo elaborará el texto definitivo que será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, previsiblemente antes de que concluya el año.
El anteproyecto introduce cambios relevantes en el régimen de propiedad y financiamiento, pero su efectividad dependerá de un factor clave: si la reforma legal logra traducirse en soluciones reales para un país donde cientos de miles de familias siguen esperando una vivienda digna.
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