Expertos afirman que Trump no puede anular la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados

Varios académicos norteamericanos han advertido que el presidente Donald Trump no puede anular el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes ilegales que nazcan en el país, pues eso está plasmado en la Constitución.

Este martes el mandatario anunció su intención de firmar una orden ejecutiva para eliminar esa posibilidad a los bebés, cuyos padres no sean ciudadanos o estén ilegalmente en la nación.

Pero su intención no podrá fructificar, según explicaron varios expertos al diario New York Times.

Algunos, como Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, alertan de la mala intención del gobernante.

“Este es un intento transparente y descaradamente inconstitucional para sembrar la división y avivar las llamas del odio antiinmigrante en los días futuros”, dijo.

La cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14, que fue ratificada tras la Guerra Civil, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de ese país y del estado en el que residen.

En opinión de Peter J. Spiro, profesor de derecho en la Universidad de Temple, está absolutamente claro que dicha cláusula se aplica a todos los niños, “con la excepción insignificante de los hijos de los diplomáticos”.

Incluso James C. Ho, un erudito conservador nombrado recientemente por Trump a la corte de apelaciones federal de Nueva Orleans, escribió en 2006 que el mensaje es inconfundible. “Este lenguaje radical llega a todos los extranjeros, independientemente de su estatus migratorio”, expresó.

El magistrado se refirió entonces a un caso en Plyler v. Doe de 1982, cuando el Tribunal Supremo sentenció que los niños indocumentados tenían derecho a la educación pública gratuita, basándose en otra parte de su contenido: su cláusula de igual protección, para lo cual realizó una interpretación del lenguaje similar al de la cláusula de ciudadanía.

“Aunque el tribunal se dividió sobre la cuestión específica de la educación pública, los nueve jueces acordaron que la Cláusula de Igual Protección protege a los extranjeros legales e ilegales por igual. Y los nueve llegaron a esa conclusión precisamente porque los extranjeros ilegales están ‘sujetos a la jurisdicción’ de los EE.UU., no menos que los extranjeros legales y los ciudadanos estadounidenses”, explicó.

En general hay consenso acerca del tema en los abogados, sin importar su ideología.

Es así que para John Yoo, quien trabajó en la administración de George W. Bush, la Enmienda 14 ya resolvió la cuestión de la ciudadanía por nacimiento. “Los conservadores no deberían ser los que buscan una nueva ley o incluso una enmienda constitucional para revertir los siglos de la tradición estadounidense”, aseguró.

Aunque Trump, que ya planteó el tema en 2015, no ha aclarado si su orden ejecutiva tendría carácter retroactivo, la Corte Suprema ya plantea preocupaciones especiales acerca de revocar la ciudadanía a quienes ya la tienen.

Solo el vicepresidente Mike Pence piensa que no hay contradicción entre la idea de Trump y la Constitución.

Otros intentos han sido abortados. En 1967 un tribunal en Afroyim vs Rusk anuló una ley federal que cancelaba la ciudadanía de las personas que habían votado en elecciones extranjeras.

“Sostenemos que la Enmienda 14 fue diseñada para proteger a todos los ciudadanos de esta nación contra una destrucción forzosa de su ciudadanía por parte del Congreso, cualquiera sea su credo, color o raza”, dijo la corte en su dictamen.

En su mayoría, los especialistas aseguran que para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento no bastan los argumentos políticos, se necesita una enmienda constitucional.

Ya en 1995 Walter Dellinger, entonces jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, dijo ante el Congreso una ley federal no sería suficiente para eliminar ese derecho, y que los norteamericanos debían aprender de su propia historia.

“Aprendimos que nuestro país nunca más debería confiar a los jueces o políticos el poder de privar a una clase nacida en nuestro territorio del derecho de ciudadanía”, concluyó.