La Habana, 14 dic (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó hoy a Estados Unidos de ser incapaz de convivir con las normas del derecho internacional que condenan la injerencia en la soberanía de otros países y consideró esa actitud como los "estertores de un país en decadencia" frente al multilateralismo.
Ortega se pronunció así en La Habana durante la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), una intervención que tuvo lugar por sorpresa al final de la reunión, ya que el mandatario no intervino cuando lo hicieron los restantes presidentes, según establece el protocolo de estos encuentros.
Entre esas políticas injerencistas, el presidente de Nicaragua mencionó las dirigidas contra Venezuela, Cuba y Bolivia, aunque no se refirió a su país pese a la aprobación de nuevas sanciones esta semana a través de la llamada "Nica Act" por parte del Congreso de Estados Unidos.
"Todos estos ataques que se lanzan en el mundo de parte de la potencia norteamericana y otras potencias europeas no tienen ninguna sustentación jurídica legal, son crímenes de guerra", espetó el gobernante, para quien "la historia ha demostrado" que EE.UU. en cuanto puede "le pega la patada" al derecho internacional.
También reprochó a EE.UU. que actúe unilateralmente por encima de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y utilizando en ocasiones a la Organización de Estados Americanos (OEA) "para intervenciones militares".
"No quieren aceptar que el mundo entró en un proceso de cambio multipolar y siguen creyendo que ellos son hoy los amos del planeta", insistió, y consideró esta actitud como "los estertores de un país en decadencia porque el multilateralismo ya es una realidad y lleva una tendencia a fortalecerse".
Ortega puso a la Alba como ejemplo de "expresión del multilateralismo, de una lucha por la vida, por la paz y el bienestar de nuestros pueblos" que "no se ha desintegrado ni rendido, y eso es lo que los tiene más desesperados".
Nicaragua se encuentra inmersa desde abril pasado en una crisis institucional desatada por protestas antigubernamentales que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno de Daniel Ortega, que rechaza la responsabilidad e insiste en que venció un intento de "golpe de Estado", reconoce 199 muertos y 273 reos, a los que califica de "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
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