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Estados Unidos intensificó este miércoles su política de presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al sancionar al director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez, donde permanecen encarcelados la mayoría de los presos políticos nicaragüenses.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la designación de Guevara Gómez bajo la Sección 7031(c) de la ley presupuestaria que regula el funcionamiento del Departamento de Estado, lo que implica la prohibición de entrada a territorio estadounidense por su presunta participación en “graves violaciones de los derechos humanos”.
“Hoy estoy designando al director de prisión nicaragüense Roberto Clemente Guevara Gómez por su participación en graves violaciones de derechos humanos. Seguimos exigiendo rendición de cuentas por los crímenes cometidos por la dictadura de Murillo-Ortega y pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos en Nicaragua”, escribió Rubio en su cuenta oficial en X.
La prisión La Modelo, ubicada en Tipitapa, ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos como uno de los principales centros de reclusión de opositores, activistas y críticos del gobierno sandinista. Excarcelados y familiares de detenidos han denunciado condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y tratos degradantes.
La Sección 7031(c) permite a Washington revocar visas y prohibir el ingreso a Estados Unidos de funcionarios extranjeros involucrados en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos. En los últimos años, esta herramienta ha sido utilizada contra jueces, fiscales, mandos policiales y altos cargos del aparato estatal nicaragüense.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia de presión de la actual administración estadounidense contra Managua, que incluye sanciones económicas, restricciones migratorias y acciones coordinadas con el Congreso para responsabilizar a funcionarios del régimen por la represión política iniciada tras las protestas de 2018.
Desde entonces, Washington ha denunciado de manera reiterada el deterioro de las libertades públicas en Nicaragua, la cancelación de partidos políticos, el cierre de medios independientes y la expulsión de organizaciones internacionales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) se declaró recientemente “alarmada” por la situación en el país centroamericano e instó a Nicaragua a retornar al cumplimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado en varios informes patrones sistemáticos de persecución contra la oposición.
Con esta nueva sanción, Estados Unidos refuerza el mensaje de que continuará utilizando mecanismos legales y diplomáticos para exigir rendición de cuentas y presionar por la liberación de los presos políticos en Nicaragua, en medio de un creciente aislamiento internacional del régimen de Ortega y Murillo y las dictaduras de la región.
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