Un cuentapropista residente en Boyeros, La Habana, escribió a la sección Acuse de Recibo, del diario Juventud Rebelde, para denunciar que el gobierno del municipio le cerró en agosto del año pasado un quiosco que había abierto para vender tarjetas de Internet y otros servicios de la actividad de telecomunicaciones.
Luis Bravo Fariñas, el afectado, escribió en esas fechas al periódico y añadió que la medida había provocado que proliferaran los vendedores ilegales de tarjetas a sobreprecio.
Más de cuatro meses después, el periódico recibió la respuesta del Eddy Betancourt Escobar, presidente del gobierno municipal, aunque con fecha del 26 de septiembre.
En la carta, el dirigente señala que el referido quiosco se abrió sin la autorización del Consejo de la Administración Municipal (CAM), entidad que debe entregar el permiso.
Además, el Reglamento para el ejercicio del trabajo por cuenta propia establece que esos agentes solo pueden trabajar en su casa, en espacios arrendados y en áreas de comercialización, nunca en áreas interiores y exteriores de círculos infantiles, centros educacionales y de salud, monumentos y parques infantiles.
Precisamente, Bravo Fariñas tenía su quiosco en el parque wifi 13 de agosto, en Altahabana, que esta rodeado de centros educacionales, como la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera y la escuela primaria Ismaelillo.
Reconoce Juventud Rebelde que es válido prohibir la venta en áreas interiores de centros escolares, de salud, monumentos y otros lugares, pero recuerda que en la ciudad hay negocios privados de otra índole en los exteriores de escuelas, hospitales y parques infantiles.
“El asunto –señala- es delimitar a qué distancia y en qué circunstancias ya hay violación”.
Y se pregunta si no es lo mejor que, precisamente en alrededor de las áreas wifi –como el caso de Bravo Fariñas- se instalen sitios para los agentes privados de telecomunicaciones, que cumplen con la ley, y así se les cierra el paso a los especuladores.
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