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Investigan red de explotación de cubanos y venezolanos en una zona rural de Uruguay

En el grupo también hay venezolanos.

Zona Agrícola en Canelones (i) y Cultivo de tomates en Canelones (d) © Collage Twitter/CanelonesHoy-Facebook/La República
Zona Agrícola en Canelones (i) y Cultivo de tomates en Canelones (d) Foto © Collage Twitter/CanelonesHoy-Facebook/La República

Este artículo es de hace 5 años

Las autoridades de Canelones -departamento al sur de Uruguay- y el Ministerio de Trabajo de ese país están investigando el caso de un grupo de veinte migrantes, cubanos y venezolanos, que ha sido descrita como similar a "la esclavitud por deudas" de los tiempos de la Conquista.

Todo habría comenzado con la denuncia ante la Dirección General de Desarrollo Humano de la intendencia de Canelones del caso de una cubana, presunta víctima de explotación laboral.

La mujer había sido empleada como “trabajadora rural zafral” en una zona de Canelones y casi no cobraba, porque debía pagar a sus empleadores un lugar donde dormir y también la comida que recibía, con lo cual el salario le quedaba prácticamente en nada.

Al recibir la denuncia, las autoridades procedieron a investigar y descubrieron que además de esa mujer había otras 19 personas, todos hombres (cubanos y venezolanos), que eran sometidos a un régimen de trabajo similar, casi de esclavitud.

"Es una situación de posible explotación en el área rural en la zona de Canelón chico, por parte de intermediarios que contratan cuadrillas para trabajar en forma zafral. Les dan un lugar para vivir pero los hacen trabajar por la casa y algo de comer. Esto es lo que sucede según la información de la que disponemos", dijo a un medio local Gabriela Garrido, directora de Desarrollo Humano en esa localidad.

Les cobran 2800 pesos (unos 83 dólares) por persona por dormir en condiciones casi de hacinamiento, y otra cantidad por la comida, pero siendo un salario bajo al final no les queda casi nada del cobro.

"Sería similar a lo que pasaba en la etapa de la Conquista con los indígenas, a los que los grandes propietarios les descontaban por lo que les daban, a tal punto de que a veces quedaban en deudas, lo que se llamaba justamente esclavitud por deudas", ha precisado la directora de Desarrollo Humano.

De momento las autoridades estiman que los responsables, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, son los cuadrilleros o intermediarios, y no directamente los dueños de las fincas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y la agencia Acnur han expresado preocupación por el caso porque ese país sudamericano hace esfuerzos por integrar a los migrantes, y citan como ejemplo a las varias decenas de inmigrantes cubanos ―y también venezolanos― que se han integrado en el poblado de Santa Rosa, ubicado también en Canelones.

Hace poco más de un año un reporte de Telenoche indicaba que decenas de cubanos se habían establecido en muy poco tiempo en la pequeña localidad uruguaya de Santa Rosa, a 53 kilómetros de Montevideo y allí incluso algunos habían abierto sus propios negocios.

Los cubanos de Santa Rosa -poblado que incluso ha sido llamado el "Miami uruguayo"- trabaja haciendo "changas" (trabajos cortos e informales), pero también para empresas locales de esa localidad que están relacionadas con la elaboración de conservas, dulces o ladrillos, pero también con la producción vitinícola y avícola.

La actual denuncia sobre el caso de presunta explotación laboral de un grupo de 20 migrantes cubanos y venezolanos abre una brecha en la imagen idílica que hasta ahora se había mostrado sobre la integración de los cubanos en el país sudamericano. La denuncia ya ha sido elevada a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que está estudiando el tema.

De momento, las autoridades solo han explicado que ya ha habido otras denuncias de irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros.

En febrero de este 2019, el inspector general de Trabajo declaró al diario uruguayo El Observador que uno de cada cuatro ciudadanos extranjeros en Uruguay trabajaba en negro, datos obtenidos tras unas inspecciones realizadas en el verano de 2018.

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