El Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) ha pedido nuevamente a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que presione al Gobierno cubano para que permita una investigación sobre la muerte no aclarada de Oswaldo Payá Sardiñas, ocurrida en el año 2012 en un accidente de tránsito.
El documento pide a la Alta Comisionada “que interceda con el Estado de Cuba para lograr en primer término que la familia pueda acceder a las actas procesales, evidencias del caso y, de igual forma, se realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias, en donde participen expertos internacionales y expertos designados por la familia”.
La petición fue entregada inicialmente en Ginebra por el abogado Juan Carlos Gutiérrez y enviada en noviembre de 2018 y en marzo al correo electrónico de la Oficina de Derechos Humanos en la ONU.
En declaraciones a Radio Martí, el hermano de Oswaldo Payá ha declarado que no han recibido respuesta y ni tan siquiera acuse de recibo, así que la carta ha sido publicada en la plataforma Change.org.
El documento destaca que Oswaldo Payá Sardiñas fue uno de los más importantes líderes políticos de Cuba, distinguido con el Premio Sájarov por el Parlamento Europeo y nominado al Premio Nobel de la Paz.
También reseña que el líder opositor "asumió posiciones críticas al gobierno cubano, lo cual generó persecuciones y amenazas de diversa índole, y muy lamentablemente falleció en circunstancias aún no aclaradas en fecha 22 de julio de 2012 en la ciudad de Granma (Cuba) presuntamente como consecuencia de un ‘accidente automovilístico’, según la información pública por las autoridades del Estado de Cuba".
Carlos Payá denuncia en la carta que ningún miembro de la familia ha tenido acceso al expediente del caso creado por autoridades policiales y judiciales de Cuba.
También subraya que desconocen "la real causa de su muerte según el contenido del protocolo de autopsia forense, los detalles del sitio del suceso y demás evidencias recolectadas y analizadas durante el proceso penal o si intervinieron otros automóviles durante el evento".
La familia tampoco pudo asistir a las vistas del juicio ni incorporar evidencia alguna para esclarecer los hechos.
No se les permitió contar con la intervención de asesores legales y expertos forenses que representaran los derechos e intereses de la familia.
“Tales restricciones generan graves dudas respecto a objetividad e imparcialidad de las autoridades involucradas en el caso. Tal opacidad ha sido el mecanismo de la injusticia", critica Carlos Payá.
La carta a la funcionaria de Naciones Unidas insiste en que "la única forma de llegar a la verdad por las vías jurídicas idóneas y confiables" será a través de una investigación "transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias".
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