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Congresistas de Texas estudian sancionar el aborto con pena de muerte

El documento no ha ido aún a la Cámara de Representantes para el debate. La medida se analizó ya en 2017, pero no tuvo acogida.

Ley que sanciona el aborto © The Blue Diamond Gallery
Ley que sanciona el aborto Foto © The Blue Diamond Gallery

Este artículo es de hace 4 años

Legisladores de Texas están analizando un proyecto de ley que podría acusar de asesinato capital, un delito que se sanciona hasta con pena de muerte, tanto a las mujeres que se sometan a un aborto como a los médicos que lo realicen, informó CNN.

“Un niño humano vivo, desde el momento de la fertilización en la fusión de un espermatozoide humano con un óvulo humano, tiene derecho a los mismos derechos, poderes y privilegios que las leyes de este estado garantizan a cualquier otro niño humano”, sostiene el texto.

El Proyecto de Ley 896 fue presentado en la Comisión Judicial y de Jurisprudencia Civil de la Cámara de Representantes del estado, en la cual se escucharon testimonios de más de 300 testigos. De ellos, 446 se mostraron a favor de la disposición y 54 en contra.

Tony Tinderholt, republicano al frente de la propuesta, aseguró que esta no “criminaliza específicamente a las mujeres”, sino que “iguala la ley, para que todos los culpables o que tomen parte en lo que yo llamo asesinato… puedan ser castigados”.

El documento no ha ido aún a la Cámara de Representantes para el debate. La medida se analizó ya en 2017, pero no tuvo acogida. Ahora los republicanos de Texas quieren aprovechar que tienen mayoría en ambas cámaras de la Legislatura.

De aprobarse, se eliminaría del código penal la excepción al homicidio criminal que se aplica a las féminas y a los médicos, y consentiría que fueran acusados ​​de asesinato de un niño no nacido.

Prohibir el aborto en el estado significaría obviar un precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1973, que confirmó la legalidad del derecho de una mujer a abortar, en virtud de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.

Jasmine Wang, pasante legislativa de la organización NARAL Pro-Choice, mostró su oposición a la norma jurídica, a la que calificó de inconstitucional debido al precedente judicial federal de 1973.

“Así que incluso dar una audiencia a este proyecto de ley es una pérdida de tiempo y recursos”, añadió.

A fines de 2018 se analizó un proyecto similar por la Cámara de Representantes del estado de Ohio, una de las más conservadoras del país.

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