Parlamento europeo Foto © Flickr/ Guilhem Vellut

La reactivación de la Ley Helms-Burton también va contra la Unión Europea, dice diario El País

Este artículo es de hace 1 año

La reciente reactivación de la Ley Helms-Burton por parte del gobierno de Donald Trump ha sido calificada por el diario español El País como un golpe calculado contra Cuba y la Unión Europea.

“Estamos ante un caso de abuso político de la ley y un paso más en la guerra fría comercial que caracteriza su mandato (el de Trump)”, asegura el periódico español.

Según el editorial, la nueva medida del presidente republicano, que abre la puerta a demandas en cortes norteamericanas contra empresas extranjeras, es “un nuevo gesto de agresión comercial” que combina “el proteccionismo reaccionario con el nacionalismo económico más rancio”.

La activación del Título III de la citada ley podría afectar a Europa y sobre todo a España, que tiene en la Isla 270 empresas, con una mayor presencia de las del sector hotelero. Casi una veintena de hoteles españoles de las cadenas Iberostar, Meliá y H10 podrían verse envueltas en una maraña de pleitos judiciales que hagan peligrar su estabilidad en los negocios con Cuba.

El País recuerda que las nuevas sanciones estadounidenses se implantan justo cuando el Consejo de Ministros de la Unión Europea acaba de aceptar la apertura de negociaciones comerciales con Estados Unidos.

“Pero esta es la táctica preferida de Trump: golpear y presionar antes de iniciar una negociación”, sostiene el rotativo.

La Unión Europea ya ratificó que está “preparada” para proteger los intereses de las empresas y ciudadanos europeos que puedan verse perjudicados por la política de Estados Unidos contra Cuba, según una declaración del portavoz de la Comisión Europea, Alexander Winterstein.

Aunque no se conoce aún que actitud tomará el grupo, algunos, como el embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, consideran que lo más probable es que lleve a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio.

La demanda ante la OMC diría que es casi obligada, porque tenemos unas conclusiones del Consejo de Ministros europeo de 1997 que no lo plantean como posibilidad, sino como una exigencia que tiene que tomar la Unión Europea en caso de que se incumpla el memorándum que se firmó”, dijo el diplomático en una entrevista con Efe.

 

 

Este artículo es de hace 1 año

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