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Rodrigo Malmierca asegura que la Ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba

El funcionario participó en un encuentro con empresarios extranjeros, embajadores y cuerpo diplomático, con el objetivo de reiterarles las garantías que Cuba les ofrece a sus negocios.

Rodrigo Malmierca. © Wikipedia
Rodrigo Malmierca. Foto © Wikipedia

Este artículo es de hace 4 años

Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex), ha asegurado este viernes que la Ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba, y reiteró la decisión del gobierno de aplicar todas las garantías para proteger las inversiones extranjeras ante supuestas reclamaciones judiciales estadounidenses.

Cuba está preocupada por la reciente aplicación del Título III de la Helms-Burton, que posibilita establecer demandas ante tribunales norteamericanos contra empresas extranjeras que tengan negocios en la Isla, y estén vinculadas a propiedades confiscadas por el régimen socialista.

Con el objetivo de reiterar a los inversionistas extranjeros las garantías que ofrece la Isla a sus negocios, se desarrolla un encuentro con empresarios, embajadores y cuerpo diplomático acreditado, en el Hotel Nacional.

Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera del Mincex, explicó que las garantías que brinda la legislación cubana a los inversores se basan en la Constitución, La Ley 118 de 2014 “Ley de Inversión Extranjera”, y la Ley 80 de 1996 “Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía cubanas”.

Durante la reciente Feria Internacional del Turismo (FITCuba), el propio gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró, tras un encuentro con empresarios foráneos del sector turístico, que las entidades extranjeras con sede en la Isla tienen “total seguridad jurídica”.

A inicios de mayo Cuba denunció la Helms Burton ante la Organización Mundial de Comercio, acusándola de violar los principios de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional.

Según el embajador de la Isla en la ONU, Pedro Luis Pedroso, la medida “constituye una aberración legal”.

Gobiernos como el de España, Canadá y México, así como la Unión Europea, han mostrado su rechazo a la ley norteamericana, y han dicho que protegerán a sus empresas.

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