Una nota de prensa fue publicada recientemente por el periódico Guerrillero, de la provincia de Pinar del Río. A simple vista se trata de una convocatoria de las que frecuentemente suele hacer el Ministerio del Interior, para que los interesados se inscriban en sus cursos de formación, sin embargo, pueden leerse entrelíneas algunas ideas que insultarían a más de uno.
“La Jefatura de Establecimientos Penitenciarios en Pinar del Río convoca a las personas interesadas (de uno y otro sexo) a optar por curso de Educador Penal que se iniciará en el mes de septiembre con una duración de cinco meses”, inicia la nota publicada este 14 de junio.
En el texto se exigen como requisitos tener un noveno grado aprobado, entre 18 y 35 años de edad, y una correcta conducta social, así como aprobar el examen médico y psicológico de rutina.
El curso, ofrece a los interesados la posibilidad de extender los estudios en los niveles superiores de enseñanza, mientras que a los varones que no hayan transitado aún por el Servicio Militar Activo se les exime de esas obligaciones, siempre que se desempeñen durante cinco años en centros penitenciarios de la capital del país.
La nota de prensa precisa además que, entre otras facilidades, se ofrecerá un estipendio de 250 pesos mensuales, monto equivalente a 10 CUC, durante los cinco meses que dura la capacitación.
Sin embargo, las mayores prebendas parecen venir una vez se concluya la formación de los educadores penales: “Los graduados de este curso son ascendidos a grado militar, además se percibe un salario entre 1 080 y 1 300 pesos, y una estimulación de hasta 2 000 pesos anuales”, precisa la nota de Guerrillero.
Por si ya fuera poco devengar un salario que duplica y hasta triplica los ingresos de no pocos universitarios en la isla, a los interesados se les prometen otros beneficios: “artículos electrodomésticos, vivienda y facilidades de atención médica”, indica el periódico pinareño.
El semanario publica esta nota, luego de haber ofrecido el 1 de junio pasado estadísticas realmente preocupantes, que dejaban claro que más del 26% de las viviendas de la provincia se catalogaban entre regular o mal estado. Antes del paso del huracán Irma por el centro del país en Pinar del Río quedaban por repararse 10 457 viviendas, de las cuales 9 411 eran derrumbes totales.
Guerrillero aseguró que no sería hasta 2022 que se le podría dar solución a la totalidad de esos casos y calificó el empeño como “una tarea de vergüenza”.
Alcanzar una vivienda propia es un sueño con el que han vivido, y hasta muerto no pocos cubanos en los últimos 60 años, por lo que es cuando menos vergonzoso que ahora en las propias páginas del rotativo pinareño se divulgue la posibilidad de acceder a un techo con electrodomésticos dentro, para aquellos que decidan incluirse en un curso de 5 meses, y formarse como educadores penales.
Por otra parte, si todos los cubanos tenemos acceso a una atención médica integral y gratuita en todos los niveles del sistema de salud pública, entonces ¿qué quiere decir la nota cuando habla de ofrecer “facilidades de atención médica” a los que opten por el curso? ¿Se trata, acaso, de un reconocimiento tácito del trato preferencial que reciben hoy ciertos sectores y figuras dentro del sistema sanitario en la isla?
No hace falta decir que todos estos ofrecimientos tienen el objetivo expreso de captar nuevos educadores penales para atender a los reclusos en las prisiones de la isla, toda vez que se trata de uno de los trabajos más rechazados dentro del ámbito laboral cubano.
Según un reciente informe del World Prison Brief, Cuba clasifica como el sexto país del mundo con mayor número de presos por población, con 510 presos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, cada vez hay menos “carceleros” en las 200 prisiones repartidas por la geografía nacional, y Pinar del Río no es la excepción.
“Los interesados deben presentarse en las oficinas de la Jefatura Provincial en Kilo 5, carretera de Luis Lazo, o para mayor información llamar al teléfono 48723604”, concluyó la nota de prensa publicada por Guerrillero.
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