Ciudadanía pide cambios en la redacción de normativa sobre informatización en Cuba

El Ministerio de las Comunicaciones de Cuba se pronunció sobre un acápite del decreto ley 370/2019, relacionado con las contravenciones asociadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Usuarios de las redes sociales no dudaron en opinar y exigir transparencia

Joven cubana conectada a la red wi-fi Foto © CiberCuba

Este artículo es de hace 2 años

La Habana, 9 jul.- Decenas de internautas insisten en pedir a las autoridades cubanas que se rectifique la redacción de un inciso del decreto ley 370/2019 sobre la política de informatización en el país, tras las aclaraciones divulgadas por la prensa nacional debido a las inconformidades que suscitó.

El 5 de julio, el Ministerio de las Comunicaciones se pronunció en un tweet sobre el acápite f) del artículo 68 de dicha medida, relacionado con las contravenciones asociadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

Aclaró que dicho inciso se refiere a las plataformas y aplicaciones nacionales de servicios que se ofrecen en internet y de uso por los ciudadanos; NO a blogs, sitios personales o informativos.

El inciso f) expresa que se considera una violación “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.

A ello habían reaccionado casi de inmediato usuarios en Twitter y otras redes sociales, luego de divulgarse el 4 de julio en la Gaceta Oficial el decreto-ley, dos decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros y seis resoluciones.

Al respecto, el diario oficial Granma prometió que “continuará profundizando en estas normativas, dada la importancia que tiene este proceso de informatización para el país”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el conjunto de normativas.

Foristas como Juan coincidieron en que “la aclaración es buena, pero no está contemplada en la ley. Después cualquiera la puede interpretar a su manera. La ley debe ser más explicativa”.

En Twitter, la periodista y directora del medio alternativo Periodismo de Barrio, Elaine Díaz señaló que “estamos esperando por una corrección clara en los artículos”.

Lennier López añadió que “si no lo aclara técnicamente, puede ser aplicada a personas jurídicas y naturales indistintamente”.

Mientras un usuario identificado como Guajiro Universitario tuiteó: “El decreto ley 370 no hace excepciones. Si habrá reglamento complementario para dejarlo todo claro, debieron anunciarlo oficialmente. Tal como lo hicieron, deja abierta la mala intencionalidad. Debieron publicar la ley junto con la norma complementaria para evitar confusiones”.

Otros cibernautas fueron más allá, y algunos como Yudivián Almeida‏, gestor del sitio web autónomo Postdata.club cuestionaron la pertinencia de que las plataformas y aplicaciones nacionales de servicios que se ofrecen en internet y de uso por los ciudadanos deban hospedarse únicamente en servidores ubicados en Cuba.

Un usuario identificado como Papucho, llamó la atención en el sitio digital Cubadebate sobre “cuánto cuesta un hosting en Cuba y cuanto afuera, donde hay empresas que te dan hasta meses gratis”.

Y agregó: “Etecsa (la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) tiene que bajar esos precios si quieren de veras competir con el mundo”.

Gabriel A. López estimó que dada “la imposibilidad de integración/interacción con sistemas de terceros, por ejemplo, actualizaciones, login con redes sociales, funcionales de correo electrónico, etc. (…) se estaría obligando al retroceso tecnológico de muchos sitios web desarrollados por personas naturales (…) Hay que repensar esto”.

Finalmente, Yordan sugirió “someter a consulta o revisión y aprobación por la Asamblea Nacional (del Poder Popular, parlamento unicameral), aunque no tenga el rango de ley, estas normativas legales que afectan a todos los cubanos”.

El paquete normativo anunciado el 4 de julio define y regula por primera vez la industria de programas y aplicaciones tecnológicas en la isla, desde que se aprobara en 2017 la política para el desarrollo de la informatización de la sociedad.

Las medidas estipulan las formas de acceso y participación de las personas naturales y jurídicas en la informatización; al tiempo que aspiran a sustituir importaciones y establecer una nueva cantera de productos exportables, en un momento de crisis económica.

Entre las violaciones establecidas se encuentra la de difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, algo que también ha suscitado preocupación y polémica debido a que cibernautas lo consideran ambiguo y deja abierto un amplio nivel de discrecionalidad.

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