Un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que suspenda una normativa que haría que más personas queden vulnerables a ser deportadas, hasta que un tribunal pueda dirimir adecuadamente el caso, informó la agencia Reuters.
El recurso, presentado por la organización WeCount! y otros grupos de defensa de inmigrantes, había pedido a una corte de Washington revocar el plan que hace que las personas indocumentadas sean elegibles para la deportación sin aprobación de la justicia, a menos que puedan otorgar evidencia de que han estado en el país por más de dos años.
El juez Ketanji Brown Jackson, de la corte distrital de Columbia, emitió un mandato preliminar el viernes que congela la normativa hasta que pueda ser debidamente procesada por un tribunal, argumentando que las personas representadas por grupos que ayudan a los inmigrantes "se verían afectadas irreparablemente por esta acción".
Anteriormente, solo aquellos inmigrantes detenidos dentro de un radio de 161 kilómetros de la frontera y que habían estado en el país por dos semanas o menos podían ser deportadas automáticamente.
La policía hace una excepción en los casos de inmigrantes que pueden probar "un temor creíble" a ser perseguidos o estar bajo riesgo en sus países de origen.
También el viernes, una jueza federal de California bloqueó una norma del gobierno del presidente Donald Trump que habría permitido la detención indefinida de familias de inmigrantes, bajo el argumento de que es inconsistente con un acuerdo judicial de varias décadas que fija las condiciones para los niños migrantes bajo custodia estadounidense.
El acuerdo de conciliación de 1997, que se originó en 1985 con una denuncia presentada en nombre de la inmigrante salvadoreña de 15 años Jenny L. Flores, establece normas para un trato humano a los niños detenidos y ordena su pronta liberación en la mayoría de los casos.
La administración Trump esperaba que una nueva norma emitida el 23 de agosto anulara ese acuerdo.
Pero según la jueza Dolly Gee en su fallo, "esta regulación es inconsistente con uno de los objetivos principales del Acuerdo Flores, que es instaurar una política general que favorezca la liberación y ponga rápidamente a los menores en un entorno menos restrictivo apropiado para la edad y las necesidades del menor".
Varios funcionarios de gobierno se han referido repetidamente a los estándares del Acuerdo Flores como "lagunas" legales que obligan a las autoridades a liberar a inmigrantes en espera de sus audiencias.
La nueva norma, que debía entrar en vigencia el próximo mes, habría permitido al gobierno mantener a las familias en centros de detención hasta que se decidan sus casos, un proceso que puede llevar meses o años.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: