Estados Unidos critica legislación cubana que autoriza vigilancia electrónica de los ciudadanos

"Los visitantes internacionales pueden elegir si desean visitar Cuba y someterse a estas invasiones de privacidad. Lamentablemente, los cubanos no tienen otra opción", dijo Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos.

Un grupo de personas consulta internet en La Habana en una zona wifi Foto © CiberCuba

Este artículo es de hace 1 año

Estados Unidos criticó duramente el nuevo decreto ley de vigilancia electrónica en Cuba como expresión de un estado policial y alertó a los visitantes internacionales que pueden ser objeto de invasión de su privacidad en la isla.

El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Michael G. Kozak, dijo que en "el estado policial de Castro, solo pensar de manera diferente se considera criminal".

Añadió, además, que los visitantes internacionales pueden elegir si desean ser víctimas de esa "invasión de privacidad".

El alto funcionario del Departamento de Estado opinó sobre el tema en Twitter, red social donde se ha mostrado muy activo sobre temas cubanos desde que asumió el cargo en septiembre, en sustitución de Kimberly Brier.

"El régimen de Castro promulgó una nueva ley radical que permite aún más la vigilancia en #Cuba. El régimen puede seguir, observar y espiar a cualquier persona en Cuba, con el pretexto de 'reducir la delincuencia'. En el estado policial de Castro, solo pensar de manera diferente se considera criminal", indicó en una primera publicación.

"Los visitantes internacionales pueden elegir si desean visitar #Cuba y someterse a estas invasiones de privacidad. Lamentablemente, los cubanos no tienen otra opción. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo cubano, que busca la libertad, la democracia y la prosperidad, lo que el régimen de Castro les niega", añadió a continuación.

La Gaceta Oficial Extraordinaria No. 27 publicó el 18 de noviembre el Decreto-Ley 389 de 2019 con nuevas disposiciones del Consejo de Estado de Cuba. que marcan modificaciones del Código Penal, de la Ley contra Actos de Terrorismo y de la Ley de Procedimiento Penal, y que  abren una brecha legal para la supervisión gubernamental sobre las personas involucradas en delitos.

La legislación se fundamenta en que "es necesario reforzar el ordenamiento penal interno, en lo pertinente a lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para el país con el objetivo de elevar la efectividad en la prevención y enfrentamiento a los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en defensa de los intereses nacionales".

También en la necesidad de "codificar la aplicación de las técnicas especiales de investigación, en correspondencia con los postulados refrendados en la Constitución de la República", lo que extiende el alcance de las pesquisas policiales.

La vigilancia electrónica ahora se califica como una labor de investigación con medios cuya aplicación proporciona "la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo".

En el capítulo dedicado a las Técnicas Especiales de Investigación, el decreto establece que -a los efectos de esta ley- se establece "la investigación encubierta, el colaborador eficaz, el empleo de la vigilancia electrónica o de otro tipo y las entregas vigiladas", y se emplearán siempre que resulten idóneas o necesarias para la investigación de hechos delictivos que por su gravedad, connotación u organización lo requieran, incluyendo operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país.

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