El municipio de Pinar del Río fijó en 2,150 pesos el precio máximo para la venta minorista de aceite comestible, en medio de la escalada del costo de ese producto básico y de una nueva oleada de controles locales en Cuba.
La regulación entró en vigor este martes, según informó el Gobierno Provincial de Pinar del Río en Facebook.
El Consejo de la Administración Municipal también estableció en 1,950 pesos el precio para la comercialización mayorista del aceite.
Las autoridades justificaron la decisión como una respuesta a los precios que calificaron de «abusivos y especulativos», aunque no precisaron la presentación o cantidad de aceite a la que corresponden los valores anunciados.
El Gobierno local aseguró que la medida se apoya en las facultades concedidas a las administraciones municipales por el Decreto-Ley 24 de 2020 y las resoluciones 148 de 2023, 209 de 2022, 153 de 2025 y 173 de 2025.
Esas normas permiten a los órganos locales del Poder Popular regular los precios de determinados productos dentro de sus territorios.
La administración anunció además que reforzará las inspecciones en todos los puntos de comercialización de alimentos mediante recorridos y visitas de control realizados por grupos de trabajo integrados.
Los vendedores que incumplan los nuevos precios podrán enfrentar sanciones previstas en el Decreto-Ley 91 de 2024 y el Decreto 30 de 2021.
Entre las medidas anunciadas aparecen multas, decomisos, ventas forzosas de los productos, suspensión temporal de licencias, permisos y autorizaciones, así como su cancelación definitiva.
Las autoridades también podrán retirar definitivamente la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia y ordenar la clausura total o parcial de establecimientos y locales.
El Gobierno municipal habilitó los teléfonos 52173655, 52126364 y 52174194 para que la población denuncie posibles violaciones de los precios establecidos.
La medida profundiza una contradicción dentro de la política económica del régimen. En junio, el Ministerio de Finanzas y Precios eliminó los topes nacionales para el aceite, el pollo troceado, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas.
Miguel Díaz-Canel reconoció entonces que esos controles no habían logrado contener la inflación y que provocaron desaparición de productos, desvíos hacia el mercado ilegal, menor recaudación tributaria y precios todavía más elevados.
El Gobierno central aseguró que no continuaría aplicando topes de manera general y descentralizó hacia las administraciones territoriales la facultad de intervenir en los precios.
Sin embargo, menos de dos meses después, numerosos gobiernos locales volvieron a limitar el valor de los alimentos.
Villa Clara fijó el litro de aceite en 2,500 pesos y el huevo en 110 pesos, aunque ambos productos ya se comercializaban por encima de esos valores en algunos lugares.
Matanzas también se incorporó a la llamada «guerra» contra la inflación al establecer precios de referencia para el aceite, los huevos, el pollo, el arroz y los frijoles, además de limitar al 30 % el margen comercial.
En Songo-La Maya, Santiago de Cuba, las autoridades fijaron el aceite en 2,500 pesos y el huevo en 110 pesos, con amenazas de multas, decomisos y cierres para quienes vendan por encima de esos valores.
El precio dispuesto ahora en Pinar del Río es 350 pesos inferior al establecido para el aceite en Villa Clara, Matanzas y Songo-La Maya, lo que evidencia la aplicación descoordinada de valores diferentes para un mismo producto según el territorio.
En tal sentido, los economistas Pedro Monreal y Elías Amor criticaron el regreso de los controles locales y advirtieron que estas medidas pueden generar desabastecimiento y trasladar las mercancías hacia el mercado negro sin resolver las causas de la inflación.
«176 medidas y un solo logro: demostrar que no aprendieron nada», afirmó Monreal al cuestionar que el supuesto giro liberalizador anunciado en junio desapareciera en menos de dos meses.
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