Cuba es el único país del continente americano que está totalmente cerrado, tanto en la ley como en la práctica, a las protestas públicas, según denunció el informe anual de CIVICUS, una alianza global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana en todo el mundo.
El reporte, elaborado cada año con la contribución de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones profesionales, ONGs y fundaciones filantrópicas, entre otros, clasifica a los gobiernos en cinco categorías según el respeto que muestren hacia las libertades civiles: abiertos, estrechos, obstruidos, reprimidos o cerrados.
Tras un análisis de los hechos ocurridos desde octubre de 2018 a la actualidad, el estudio clasificó a Cuba dentro de los estados cerrados, aquellos donde se puede ir a prisión por intentar ejercer los derechos de asociación, reunión pacífica y expresión; prácticamente no hay libertad de prensa; Internet está muy censurado y muchos sitios web están bloqueados.
“En Cuba, por ejemplo, los principales líderes de protestas han sido detenidos, sometidos a arresto domiciliario o amenazados antes o durante demostraciones programadas. La detención a corto plazo es utilizada por el Estado cubano como una táctica para prevenir las manifestaciones”, asegura el documento.
En relación con otros países de la región, CIVICUS denunció el empleo de medidas represivas contra las recientes protestas en Chile y Ecuador, así como el entorno cada vez más hostil para la prensa y los defensores de los derechos en naciones como Brasil y Estados Unidos.
Entre las principales violaciones al activismo cívico en el hemisferio la organización citó la detención de manifestantes como táctica para desmantelar movimientos de oposición y dispersar protestas, el arresto de periodistas y el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
La publicación de este informe sigue la misma línea de otras denuncias contra el régimen castrista. Esta misma semana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que el gobierno cubano efectuó en noviembre al menos 218 detenciones arbitrarias. Los activistas independientes fueron detenidos sin orden judicial o se les impidió salir de su casa para asistir a misa, viajar a otras provincias o participar en los festejos por los 500 años de la capital.
Estos hechos sucedieron en medio de una intensa campaña de difamación del gobierno contra los opositores, y de cambios legales para perseguirlos, entre los que sobresale la reciente legalización de la vigilancia electrónica y otras técnicas especiales de investigación sobre los ciudadanos, sin autorización previa.
La publicación de estas cifras coinciden con una campaña lanzada por el gobierno de la Isla para desvirtuar la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre.
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