El Gobierno cubano hizo en noviembre al menos 218 detenciones arbitrarias, según denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba son las provincias donde los activistas independientes fueron detenidos sin orden judicial alguna o se les impidió moverse de su casa para asistir a misa, viajar a otras provincias o participar en los festejos por los 500 años de la capital.
El OCDH denuncia que estas sucedieron "en medio de una intensa campaña de difamación del gobierno contra los activistas de derechos humanos y de cambios legales para perseguir a los disidentes", entre ellos la legalización de la vigilancia electrónica y otras técnicas especiales de investigación sobre los ciudadanos, sin autorización previa.
La promulgación del Decreto-ley No. 389 son un "intento del gobierno de Cuba de legalizar o "blanquear" su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, fundamentalmente a aquellos que disienten del discurso oficial" y viola derechos humanos como "la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones", agrega el comunicado.
La publicación de estas cifras de detenciones arbitrarias coinciden con una campaña lanzada por el Gobierno cubano para desvirtuar la celebración el próximo 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde La Habana insisten centrarse en el embargo de Estados Unidos y obviar sus violaciones constantes de los DDHH.
En noviembre el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido en varias ocasiones, una de ellas por más de 72 horas.
El Gobierno de Cuba arremetió en sus medios estatales contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien está detenido desde el 1 de octubre con otros tres miembros de esa organización independiente. Ferrer fue declarado como delincuente sin celebrarse un juicio y presentaron supuestas pruebas en un video de unos diez minutos, con evidentes manipulaciones, para justificar su detención arbitraria.
Las acciones de las autoridades cubanas contra los periodistas independientes fue justificada por la subdirectora del MINREX para Estados Unidos, Johana Tablada de la Torre, quien dijo que "en Cuba y en el mundo entero es ilegal y sancionado recibir fondos de un gobierno extranjero que atenta contra un país soberano".
Tablada respondió así al ser cuestionada por la persecución a la periodista Luz Escobar, a quien se le llegó a impedir ese mes la salida de su casa. Esa medida afectó también a sus hijas menores.
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