El gobierno de Cuba ejecutó este año 438 inspecciones integrales a entidades del sector estatal para fiscalizar la situación del combustible; de ellas, el 25 por ciento mostró que existía un deficiente control del producto, lo cual derivó en pérdidas superiores al millón de pesos.
Según informó este miércoles a los diputados de la Asamblea Nacional Elaine Moreno Carnet, directora de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (ONURE), del Ministerio de Energía y Minas, se han aplicado medidas disciplinarias a funcionarios y trabajadores implicados, pero continúa observándose “falta de atención” en algunos administradores.
El desvío de combustible es uno de los mayores problemas que enfrenta la administración de Díaz-Canel, pero que no puede detener, pese a que en los últimos meses los tribunales de la Isla han impuesto penas de hasta siete años de privación de libertad a quienes han sido acusados de participar en delitos vinculados con esa actividad.
Por otra parte, Moreno Cardet también se refirió a las medidas adoptadas para afrontar la crisis energética que atraviesa el país, algunas de las cuales no han tenido demasiado éxito. Solo entre septiembre y octubre se realizaron más de 48.000 acciones de control y se detectaron 22.666 deficiencias, consistentes principalmente en no llevar a cabo la auto lectura del reloj contador y las auto inspecciones.
Cuba experimenta una severa escasez de combustible, dada porque solo es capaz de producir el 40 por ciento de lo que consume, y una enorme dependencia energética del petróleo venezolano que en los últimos dos años se han reducido a casi la mitad, por la crisis que sufre esa nación.
En ese contexto, el gobierno ha intensificado la represión contra sus ciudadanos. Fue así que en septiembre pasado se aprobaron nuevas sanciones, entre las que figuraban el decomiso de autos y la personalización de las tarjetas magnéticas que las empresas estatales usan para abastecerse.
El propio Díaz-Canel exigió en febrero pasado que la Fiscalía y los órganos de control lleven las investigaciones hasta el final. “Aquí no se regala el combustible, el que lo roba lo vende. La gente va a la cárcel cuatro años, por buena conducta reciben la libertad condicional al 50 por ciento de la condena y después a disfrutar del dinero que robaron”, recalcó.
La corrupción y los actos delictivos relacionados con el robo de combustible desangran la economía del país, según admitió una investigación del sitio Cubadebate publicada en septiembre. De acuerdo a cifras oficiales, al cierre de junio la Fiscalía General contabilizaba 339 procesos penales, en los que se ocuparon más de 117.000 litros de combustible con una afectación que superó los 400.000 pesos cubanos.
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