Juristas vinculados al Bufete Independiente Ignacio Agramonte, en Cuba, consideran que el informe que presentó Cuban Prisoners Defenders esta semana, no hace un uso adecuado de las estadísticas judiciales y sus conclusiones no están debidamente justificadas.
¿El informe pudiera tergiversar la realidad que viven los presos políticos dentro de la isla y no resultar beneficioso para denunciar sus casos? Ante la pregunta uno de los expertos consultados aseguró que "llamar la atención de la opinión pública mundial sobre los opositores encarcelados en Cuba es positivo, pero hacerlo sin la seriedad debida puede perjudicar y ser contraproducente al restarle credibilidad a la denuncia".
Otra jurista calificó de "interesante" el documento Principales conclusiones nacionales de los informes oficiales mostrados, pero lamentó que la falta de transparencia en algunas de las fuentes utilizadas le resta credibilidad a los datos expuestos.
Las fuentes, que pidieron no se revelaran sus identidades, señalaron que el informe usa "deficientemente" cifras que pueden ser reales y que el Gobierno oculta celosamente, pero "plantea estadísticas confusas y sesgadas, imposibles de contrastar o confirmar".
EL INFORME DE CUBAN PRISONERS DEFENDERS
Para los juristas cubanos independientes consultados por CiberCuba, en el indicador Volumen anual de asuntos penales se ofrece una valoración incierta, por que la cifra parte de la existencia de 32 mil causas penales en un año determinado, un número que varía notablemente de un ejercicio a otro, matizaron.
"Hubiera sido mejor revelar las estadísticas con transparencia y dejar en mano de los expertos el análisis de las mismas", expresó uno de los abogados consultado por este medio, quien asegura llevar tres décadas vinculado a estos temas.
El documento asegura que entre dos mil y tres mil presos fueron liberados por indulto presidencial. Para la abogada consultada, aún cuando no tiene la cifra exacta, los indultos en Cuba siempre han sido excepcionales, como los otorgados en las visitas papales y el promovido por Díaz-Canel, al asumir la presidencia.
"En modo alguno se puede concluir que los indultos sean una política estatal para mantener un equilibrio relativo a la limitada capacidad carcelaria del país", como asegura el informe, algo que que si funciona con los internos pendientes a juicios, asegura.
Otro indicador que cuestionaron los juristas consultados fue el de Antisocial, que vuelve a exponer datos sin mostrar las fuentes originales.
Aunque los números expuestos pueden ser acertados, el informe no explica, por ejemplo, "el origen de las cifra de 3 mil 833 casos nuevos anuales de conducta antisocial y mucho menos los posteriores análisis".
En el caso de Sancionados y asegurados, los 127 mil 458 convictos y condenados que, asegura el informe, existen en la isla, encajarían para "un año concreto" pero no como cifras promedios anuales porque, asegura, carecen de todo valor estadístico por su desconexión con datos concretos.
Respecto al indicador Atestados directos (instrumento oficial en que una autoridad o sus delegados hacen constar como ciertos unos determinados hechos) la jurista opina que le "resta seriedad al informe que se maneje sólo la estadística que constituye más del 50% de las causas radicadas en los Tribunales Municipales. "Puede ser cierto, pero no se relacionan estadísticas concretas", aclara.
EL FANTASMA DE LA CENSURA "SUTIL" EN EL MUNDO DE LA ABOGACÍA
Otro tema que se abordó en la conferencia de prensa fue el relacionado con la censura y autocensura que padecen los abogados en la isla que deben limitarse en sus actuaciones "y no cruzar la raya roja de atacar los poderes del Estado y sus agentes".
Los juristas vinculados al Bufete Independiente Ignacio Agramonte aseguraron conocer colegas que cruzaron esa raya y fueron advertidos por la Seguridad del Estado. "Otros fueron sencillamente expulsados de sus trabajos", confiesan.
"La intromisión del Estado en el ejercicio de la abogacía existe, es real, lo que generalmente es sutil; pero llegado el caso el golpe puede ser brutal", aseveraron.
NUEVAS LEYES, POCOS CAMBIOS
Por último, quisimos conocer su opinión como juristas sobre los posibles cambios que se podrán generar en el panorama legislativo cubano a raíz de la nueva Constitución y las leyes que de ella surjan. Fundamentalmente cuáles serían los recursos legales a los que puede acudir un opositor detenido injustamente o condenado por un delito común.
Sin mostrarse muy esperanzados, afirman que aunque se prevén cambios legislativos más garantistas "los abogados en general no esperamos cambios trascendentales, pero si tendremos un poco mas de respaldo jurídico para ayudar a las personas".
Esperamos que los abogados puedan intervenir en los procesos penales desde sus inicios y la apertura de Salas de Garantías Constitucionales, en los Tribunales Provinciales, "pero básicamente las cosas continuarán como están", pronostican.
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