Durante la pandemia del coronavirus la Fiscalía provincial de Guantánamo ha atendido más de 200 procesos penales contra ciudadanos cubanos por presuntos actos de indisciplina social y conductas ilegales.
En declaraciones al periódico local Venceremos, la fiscal de esa oriental provincia, Moraima Velázquez Romero, afirmó que al menos 22 de los hechos perpetrados han sido considerados "graves", y los responsables de estos delitos están pendientes de juicio.
También han sido procesados 44 casos se han procesado en los tribunales guantanameros, muchos de ellos vinculados a especulación y acaparamiento de artículos, tenencia de productos de procedencia dudosa y la práctica de actividades económicas no autorizadas durante la crisis sanitaria.
Tras las disposiciones para evitar la propagación de la pandemia han sido detenidas, además, varias personas por "desacato, desobediencia y resistencia a actuar en correspondencia con las normas establecidas", subrayó la fiscal.
Asimismo, dijo que las sanciones aplicadas a los individuos procesados van desde multas, sanciones de trabajo correccional con o sin internamiento, hasta privación de libertad.
Todo en dependencia "del análisis conductual de los encartados, la complejidad de los delitos y las condiciones en que tuvieron lugar las violaciones", destacó.
Afirmó que la Fiscalía ha realizado acciones de control en los Hogares de Ancianos, Casas de Niños sin Amparo Familiar y el Hospital psiquiátrico, y se encuentra enfrascada en el enfrentamiento a los delitos, como parte de la cruzada gubernamental contra las "ilegalidades".
Las autoridades cubanas han emprendido una persecución contra las “ilegalidades” durante la pandemia de COVID-19.
Los actos delictivos y presuntos implicados son expuestos en los medios de televisión incluso antes de que se celebre juicio, y donde califican a los individuos como "personas inescrupulosas".
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) acaba de presentar su segundo informe socioeconómico que refleja el descontento de los cubanos con la crisis de alimentos que atraviesan y la escasez de productos de primera necesidad, las viviendas que habitan, así como por la calidad de la salud y educación.
En medio de esa situación social, el OCDH denunció que la ola de juicios ejemplarizantes que el gobierno cubano está televisando a modo de reportaje en el Noticiero Nacional, intenta intimidar a la población en medio de la pandemia por coronavirus.
"La utilización del sistema judicial para imponer el miedo se realiza violando el debido proceso", sostuvo ese organismo.
Consideró, además, que el empleo del método de "atestado directo" del procedimiento proceso penal "sumario" implica una fuerte limitación de garantías procesales para los imputados.
Muchas veces estos suelen enterarse formalmente de qué se le acusa —y tener acceso a un abogado— escasas horas antes del juicio, subrayó.
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