Policía del aeropuerto de Los Ángeles (Imagen referencial) Foto © Flickr/ Tomás Del Coro

Retiran cargos contra trabajadores sociales relacionados con el caso de un niño asesinado

Un juez de California retiró los cargos a cuatro trabajadores sociales que estuvieron relacionados con el caso de Gabriel Fernández, un niño de ocho años que murió en 2013 asesinado por su madre y su padrastro.

George Lomeli, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, retiró este jueves la imputación que pesaba contra los acusados Stefanie Rodriguez y Patricia Clement, y sus respectivos supervisores, Kevin Bom y Gregory Merritt, acusados en 2016 de los cargos de delitos graves de abuso infantil y de otro delito grave de falsificación de registros públicos.

La oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles informó en un comunicado que en enero pasado, el Tribunal de Apelaciones del 2º Distrito opinó que el juez de primera instancia debería haber otorgado una moción de defensa para desestimar el caso.

“El tribunal de apelaciones emitió un envío en abril y devolvió la jurisdicción al tribunal de primera instancia”, agregó el documento.

El pequeño Gabriel Fernández murió en un hospital el 24 de mayo de 2013, dos días después de haber sido encontrado inconsciente y con fracturas de cráneo y costillas.

En junio de 2018 la justicia condenó a pena de muerte a su padrastro, tras ser hallado culpable de homicidio en primer grado. Meses antes la madre del menor se había declarado culpable del mismo delito como parte de un acuerdo con la fiscalía, por el que recibió una sanción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El magistrado Lomeli fue quien también presidió el caso de asesinato contra la madre de Gabriel y su novio.

Según la información de Univisión, ese año negó a exonerar a los cuatro trabajadores sociales, basándose en los argumentos de los fiscales, quienes sostenían que tenían la obligación de prevenir y denunciar el maltrato que vivió el chico.

Este jueves, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles emitió un comunicado en el que asegura que respetan la decisión del tribunal.

“A través de los años, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles ha tomado medidas significativas para mitigar el riesgo y mejorar nuestra capacidad en todo el Condado para servir mejor a los niños y las familias vulnerables y, como departamento, seguimos comprometidos a garantizar que la reforma continúe”, expresó el texto.

El proceso de Gabriel Fernández reveló una historia de torturas durante meses. El proceso penal seguido a su madre, Pearl Sinthia Fernández, y al novio de esta, Isauro Rodríguez, reveló que ambos lo golpeaban, lo hacían pasar hambre, lo obligaban a comer excrementos y arena de gatos, y a dormir atado y con una mordaza dentro de un armario.

Entonces la acusación interpuso una denuncia contra los trabajadores sociales del Departamento de Servicios para Niños y Familias que debían darle atención al pequeño, alegando que no habían adoptado las medidas adecuadas para protegerlo y que además falsificaron documentos relacionados con su caso.

La fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, dijo entonces que los trabajadores sociales “minimizaron la importancia de las heridas físicas, mentales y emocionales que sufrió Gabriel” y aseguró que “permitieron que un chico vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado”.

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