Discapacitado cubano Foto © CiberCuba

Discapacitados cubanos denuncian discriminación por medidas contra el coronavirus en La Habana

El Consejo Provincial de la Asociación Nacional del Ciego y Débiles Visuales (ANCI) en La Habana ha escrito una carta a las autoridades gubernamentales para denunciar la discriminación contra personas ciegas residentes en la capital cubana, que se han convertido en víctimas de las nuevas medidas para contener los rebrotes del coronavirus.

Hasta este momento, la carta no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno, según informa el periodista Joaquín Borges Triana, miembro de la Asociación, en su cuenta de Facebook.

La misiva explica que "tras la intervención del Gobernador en la Mesa Redonda, donde manifestó que a los niños y adultos discapacitados no se les permitiría encontrarse en la vía pública y que serían multados sus tutores, palabras que luego fueron reproducidas por todos los medios de prensa y quedaron a la interpretación de cada persona, se ha producido una muy tensa situación para las personas con discapacidad. Así, se ha ocasionado que en algunas tiendas y/o establecimientos no permitan a las personas con discapacidad el acceso para la adquisición de productos de primera necesidad".

"Incluso, en una que otra han llegado hasta poner carteles diciendo que allí, en el período que dure esta situación de emergencia, no se le ofrecerá servicio a ninguna persona con discapacidad", añade la queja.

"Lo expresado por el Gobernador de La Habana y reproducido una y otra vez por los medios de prensa cubanos es un error pues no se corresponde con lo publicado en La Gaceta Oficial de la República de Cuba, no. 44, donde aparece el Decreto 14 del Consejo de Ministros con las medidas vigentes en La Habana a partir del 1 de septiembre y que en el artículo 2, apartado 2, deja claro que los que no pueden circular son los niños e incapacitados judicialmente, o sea personas con incapacidad cognitiva o sicosocial y que han sido previamente así dictaminadas por los tribunales. Ningún otro órgano puede privar de la capacidad jurídica a una persona, como se está haciendo a partir de las interpretaciones dadas después de la errática intervención del gobernador en la mesa redonda y que ha originado un proceder discriminatorio para las personas con discapacidad residentes en La Habana", continúa la carta divulgada por Borges Triana.

"Hemos tratado de entrevistarnos con los máximos dirigentes de la provincia La Habana, tanto autoridades gubernamentales como partidistas, lo cual hasta el momento en que se redacta y publica este documento ha resultado absolutamente imposible. De tal suerte, la ANCI se ha visto obligada a canalizar individualmente con cada municipio las situaciones puntuales que ocurren. Esto provoca un desgaste físico y mental de los cuadros de la Asociación, quienes también somos personas con discapacidad", prosigue la misiva.

"Con lo sucedido se corrobora una vez más lo desacertado de establecer políticas para el sector de las personas con discapacidad sin contar previamente con la opinión de éstas, así como la necesidad de que jurídicamente exista en Cuba una ley que regule todo lo concerniente a dicho sector de la población cubana", se agrega.

"Con sumo respeto, la ANCI en la capital reclama a los dirigentes del Estado en la misma la observancia y cumplimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad, promulgada por las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es signatario, así como del artículo 89 de la Constitución de la República de Cuba y que hoy se están violando, aunque sea involuntariamente y hasta con el ánimo de cuidarnos", concluye la queja.

Los discapacidados cubanos son uno de los sectores más golpeados en la actual crisis que atraviesa la isla.

A menudo deben sobrevivir haciendo pequeños trabajos que no los mantienen a salvo de las multas del gobierno. Hace meses fue multado un discapacitado que vendía lechugas en La Habana, y el pasado marzo fue noticia un ciego que sobrevive fabricando colchones, y que lamentó que el Estado "acribillaba su economía".

Ahora han quedado obligados al confinamiento extremo luego que el gobierno recrudeció desde el la semana pasada las medidas restrictivas para contener la propagación del COVID-19 en la isla.

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