Un joven empresario interpuso una demanda ante la Corte Constitucional de Guatemala contra el presidente Alejandro Giammattei y su ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, con la intención de cancelar la contratación de la misión médica cubana en ese país.
La acusación, presentada por el comerciante guatemalteco César Fernando Molina Palma, denuncia "agravios continuados" contra los médicos cubanos que trabajan en Guatemala "bajo condiciones inaceptables", y muestra su preocupación por "los riesgos inminentes" derivados de la prórroga de la colaboración médica de Cuba, que podrían, además, violar la soberanía guatemalteca, por lo que se pide la suspensión cautelar de este contrato, apelando al artículo 27 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Según explica el documento, las condiciones en que son contratados los médicos cubanos violan al menos 19 artículos de la Constitución guatemalteca y los tratados internacionales firmados por este país en marzo de 1950 en materia de derechos humanos. Se refiere específicamente al Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
En esencia, el demandante reprocha que, "a sabiendas de la falta de condiciones adecuadas para los médicos cubanos" en este país y "de la posible violación de sus derechos fundamentales, [la Cancillería] esté dispuesta a prorrogar la contratación de las Brigadas Médicas cubanas".
De ahí que reclamen al presidente del país y a su canciller ordenar "la revisión del Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre Guatemala y Cuba "así como sus ampliaciones y prórrogas, que contempla la presencia de las Brigadas Médicas y, de ser necesario, cancelarlo, garantizando a los médicos las condiciones necesarias para poder requerir asilo político".
De hecho, la demanda recuerda al Gobierno guatemalteco que debe tener disponibilidad presupuestaria para atender a los profesionales cubanos de la Salud que soliciten protección internacional.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso CiberCuba, la acusación, representada por el abogado José Raúl Robles Marroquín, considera que la prórroga del Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre Guatemala y Cuba, que contempla la presencia de Brigadas Médicas Cubanas en este país, constituye una "amenaza cierta, inminente y determinada" ya que constituiría una "violación del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, el trabajo, la paz, el derecho de asilo político, el desarrollo integral de la persona, el principio de justicia social del Estado así como la obligación del Estado de proteger a la persona y al fin supremo de la realización del bien común de todos los habitantes de la República de Guatemala".
Asimismo, la demanda pone el acento sobre los agravios que el convenio con Cuba representa para la economía de Guatemala, ya que la Isla exige un pago por sus médicos que no cumpliría con los mínimos establecidos para los trabajadores guatemaltecos.
También estaría atentando contra la soberanía nacional, ya que Cuba obliga a Guatemala a "la inobservancia e inclusive renuncia de derechos mínimos de trabajo de los médicos cubanos, además de violentar el derecho de las personas a solicitar asilo en el país que se sienten seguros".
Por eso pide a la Corte Constitucional de Guatemala que aperciba al presidente Giammattei de la obligación de respetar los derechos consagrados en la Constitución del país y los convenios internacionales que garantizan derechos humanos fundamentales.
A la vez, se pide al alto tribunal que aperciba al canciller Brolo para que informe en los medios de comunicación de todos los contratos que se han firmado con Cuba desde 1998 para el envío de médicos a Guatemala.
Entre las pruebas presentadas por la acusación consta el informe sobre las formas de esclavitud moderna realizado por la ONU en 2019 y en el que se barajó la posibilidad de considerar que las brigadas médicas cubanas son sometidas a trabajo forzoso.
22 años de colaboración
En estos momentos los gobiernos de Cuba y Guatemala están renegociando el convenio de colaboración en materia de Salud que está previsto que se renueve este mes de septiembre, según recoge un informe del proyecto Cuba Salud, consultado por CiberCuba.
La denuncia interpuesta ahora por el joven comerciante guatemalteco César Fernando Molina Palma se suma a la que el 26 de agosto pasado hizo el diputado opositor Felipe Alejos, del partido Todos, abogando directamente por anular la colaboración médica cubana en Guatemala.
Alejos acusa al Gobierno de Cuba de "autoritario y violador de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión" y al de Guatemala, de financiarlo.
Actualmente 441 profesionales cubanos, la mayoría doctores (299) integran las Brigadas Médicas Cubanas en Guatemala. De ellos, 154 se dedican a las labores de control del contagio del coronavirus en este país.
Desde 1998 y hasta febrero de 2020 las Brigadas Médicas Cubanas han realizado 494.360 cirugías y más de 38 millones de consultas en Guatemala. Según datos de la Isla, los facultativos destinados en este país han salvado 332.472 vidas en más de 3,9 millones de jornadas y pesquisas.
A estos datos hay que añadir 218.902 operaciones oftalmológicas, dentro del programa Operación Milagro.
En 2018 Cuba ingresó 6 400 millones de pesos en concepto de Servicios de Exportación Sociales y de Salud, más del doble de los ingresos por turismo, según cifras oficiales.
Esta demanda interpuesta ahora en Guatemala se suma al acuerdo alcanzado por el Gobierno brasileño a primeros de este mes para investigar las violaciones cometidas contra médicos de las misiones cubanas, según informó la organización Global Liberty Alliance (GLA), con sede en Washington DC.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno de Jair Bolsonaro y abogados de la GLA acordaron revisar las denuncias de trabajo forzoso interpuestas por 100 profesionales de la Salud cubanos del Programa Mais Médicos, contrarios a los sueldos inapropiados y las presiones y seguimiento a los que son sometidos por las autoridades cubanas.
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