Las instituciones jurídicas de La Habana comenzaron a trabajar este lunes 5 de septiembre, luego de permanecer más de un mes sin brindar servicios a la población a causa del rebrote de coronavirus en la capital.
El anuncio se había adelantado desde la semana pasada por las autoridades del Gobierno habanero, pero no fue hasta este lunes que reabrieron sus puertas los tribunales, notarías, bufetes colectivos, los registros de la propiedad y los de actos de última voluntad, detalló en su portal web el periódico Tribuna de La Habana.
Dixan Fuentes Guzmán, Fiscal Jefe de la provincia, explicó que se limitará el aforo en los lugares que brindan atención a la población para cumplir las normas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias y que por tanto se limitará la cantidad de personas que accederán a los actos judiciales y a los tribunales.
La actividad penal de La Habana continuará brindando especial atención a aquellos procesos judiciales con el uso del combustible, la ocurrencia de actos contra las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus funciones, así como los hechos vinculados a la COVID-19.
En este último tema, Fuentes Guzmán recalcó que tipifican como delito no usar el nasobuco, desviar recursos destinados al enfrentamiento a la pandemia, las indisciplinas sociales en centros de aislamiento o negarse a ser ingresados en ellos así como ocultar información necesaria para investigar el origen de la infección.
El funcionario cubano explicó que a los tribunales se llevó de manera excepcional a las personas que "lo han merecido" porque la mayoría de las sanciones fueron económicas. En el último mes se impusieron más de 17 mil multas, y de ellas se cobraron cerca de 21 millones de pesos.
El Fiscal Jefe de la provincia de La Habana aseguró a la prensa local que la ciudadanía asumió "voluntariamente" el cumplimiento de estas sanciones, que podían llegar hasta los 3 mil pesos, que se aplicaban a personas naturales y jurídicas y de las cuales muchos se quejaron a través de las redes sociales de la arbitrariedad y exceso de poder por parte de policías e inspectores.
Luego del anuncio oficial de retornar a cierta normalidad, aún cuando La Habana continúa en la fase de transmisión endémica, es prioridad para la justicia de la capital enjuiciar a coleros, acaparadores y revendedores (responsabilizados por el Gobierno del desabastecimiento en tiendas y mercados) y aplicar las medidas del Decreto 14 del Consejo de Ministros, que continúa vigente en la ciudad, según las declaraciones de Fuentes Guzmán.
En La Habana, si bien existe una tendencia a que disminuyan los casos detectados por días (siete en el último parte del MInisterio de Salud Pública), es un importante foco de transmisión del COVID-19 por la dispersión que tiene el virus en los 15 municipios de la capital, lo que hace más complejo su tratamiento.
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