El ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, dio marcha atrás y no incrementará las exigencias económicas a los extranjeros procedentes de países ajenos al Mercosur que soliciten la residencia permanente en el país, según ha publicado este viernes el diario urguayo El Observador.
La medida, anunciada por el semanario Búsqueda, fue rectificada por el propio ministro Larrañaga horas después de hacerse pública.
La propuesta que causó revuelo hablaba de que los migrantes iban a tener que demostrar ingresos mensuales 26 mil 800 pesos, bastante más de los 16 mil 300 que se les exigía hasta septiembre en correspondencia con el salario mínimo nacional.
Ahora, con la rectificación del ministro se mantiene la acreditación de recursos para vivir en el país en 16 300 pesos. Esta medida favorece, sobre todo, a los migrantes cubanos que junto a dominicanos y venezolanos representan el 95% de las solicitudes de cédulas de identidad en este país.
Queda desautorizado por tanto, el argumento que hablaba de que un sueldo mensual de 16 300 pesos al mes no refleja el coste real de la vida en Uruguay y por eso se incrementaba el requisito de ingresos económicos hasta los 26 800 pesos / mes. Éste último es el equivalente a una canasta básica individual, que se elabora en base a indicadores de precios al consumo (IPC).
Como era de esperar, el endurecimiento del requisito económico fue mal acogido por las ONGs, convencidas de que esta medida complicaría la regularización de migrantes y "las miles de solicitudes de refugio pendientes".
Aunque las autoridades aseguraron que la aplicarían de manera laxa y que harían la vista gorda con quien estuviera cerca de los 27 000 pesos mensuales, finalmente han dado marcha atrás.
En 2019 había 5 695 cubanos registrados en Uruguay. Ese año Cuba fue la nación que más migrantes aportó al país con un promedio de 33 ingresos por día. También hubo una cifra récord de 9 000 solicitudes de refugio, superando a las peticiones de protección internacional de los venezolanos.
En febrero pasado el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, declaró que su país estaba dispuesto a continuar recibiendo cubanos y venezolanos, al tratarse de ciudadanos “expulsados” de sus respectivas naciones. Sin embargo el endurecimiento del requisito económico dejaba en entredicho esta promesa.
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